Un juez federal bloqueó este martes la estricta ley antiaborto de Alabama que, tras su promulgación en mayo, desató una ola de protestas en Estados Unidos porque castiga con hasta un siglo de prisión a los médicos que terminen embarazos en este estado del sureste.

La ley, que iba a entrar en vigor el 15 de noviembre, equipara el aborto con el homicidio y establece penas de hasta 99 años de cárcel para los médicos que lo practiquen. Solo contempla excepciones en caso de peligro vital para la madre, pero no por violación o incesto.

El juez Myron Thompson bloqueó la ley para dar tiempo a que la demanda entablada por médicos abortistas y organizaciones de derechos humanos, quienes la acusan de inconstitucional, siga su curso judicial. “Los demandantes han mostrado una significativa probabilidad de tener éxito en su demanda”, escribió el juez.

La ley fue promulgada con la expresa intención de que su bloqueo, que era previsible, conduzca a un proceso judicial que llegue a la Corte Suprema, donde los conservadores consideran que tienen posibilidades de revertir un fallo de 1973 que legalizó los abortos en todo el país.

La ley “viola el derecho de los individuos a la privacidad, a tomar decisiones centrales para su dignidad y autonomía –prosiguió Thompson en su orden–. Desafía la Constitución de Estados Unidos”.

La demanda fue entablada por ACLU, la mayor organización de defensa de derechos humanos del país, y Planned Parenthood, una red nacional de clínicas de derechos reproductivos, en nombre de los médicos abortistas. Leyes similares fueron promulgadas y luego bloqueadas este año en otros estados conservadores como Georgia, Kentucky, Misisipi, Misuri y Ohio, en una guerra contra el aborto que promete convertirse en tema de debate durante la campaña electoral de 2020.

“El aborto sigue siendo legal en Alabama”, se felicitó Randall Marshall, director ejecutivo de ACLU de Alabama. Pero “los repetidos esfuerzos del estado de dificultar el aborto por medio de leyes inconstitucionales ya le han costado a los contribuyentes 2,5 millones de dólares”.

Dos tercios de los estadounidenses creen que el aborto debe ser legal, según un estudio realizado el año pasado por el Instituto Pew Center.

Durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sedujo a la derecha religiosa prometiéndole nombrar a la Corte Suprema solo jueces contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo. Y cumplió: llevó a dos nuevos magistrados a la máxima corte, haciendo inclinar la balanza en octubre hacia el campo conservador, con cinco de los nueve jueces. Esta nueva situación es la que impulsó a varios estados conservadores a aprobar leyes que restringen el aborto.