El proyecto forma parte de las cuestiones que estudia el gabinete socio-económico y lo encabeza el organismo previsional. Antes de que el gobierno decidiera pagar la tercera cuota en todo el país, hubo un amago en Salta con el programa “Potenciar Trabajo”.

Mientras transfiere los aproximadamente $ 80.000 millones al sistema bancario que demandará el pago de la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el principal programa del gobierno para atenuar los efectos de la crisis económica a raíz del coronavirus en los segmentos más pobres de la Argentina, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) encabeza, dentro del Gabinete socio-económico, un grupo de Trabajo para transformar el subsidio, que alcanza a poco menos de 9 millones de familias argentinas, en un nuevo “Programa de Empleo”.

Presentado en marzo por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y dirigido a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas de las categorías A y B y monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, desempleadas y empleados informales de entre 18 y 65 años, el cálculo inicial fue que el IFE alcanzaría a unas 3 millones de personas-familias, pero finalmente la cifra de beneficiarios se triplicó.

Recientemente, la Anses publicó en su página en Internet un perfil de ese universo, precisando que 5,6 millones (61,7% del total) “son trabajadoras/es informales o están desocupadas/os”, 2,4 millones perciben la AUH o la AUE, unos 700.000 (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o del monotributo social, cerca de 180.000 (2,1%) son trabajadoras/es de casas particulares y por último 120.000 son titulares del programa Progresar, un subsidio escolar para “garantizar el derecho a la educación” de “grupos vulnerables” (hogares monoparentales, comunidades indígenas, personas con discapacidad, transexuales, entre otros).

Ese estudio sería la base para pasar de “subsidio” a “plan”, entre otras cosas porque también incluye precisiones sobre la distribución geográfica de los beneficiarios y su incidencia social. “Si bien el IFE llega, en promedio, a un 19,5% de la población total del país, al analizar su alcance en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales con mayor situación de vulnerabilidad”, dice un pasaje.

El texto también desagrega la cantidad de beneficios pagados en relación a la población de cada provincia: las del Noreste (23,1 a 28,9%) y Noroeste (22,1 a 28,6%) son las que proporcionalmente más beneficios recibieron, lo que –dice- “refleja la desigualdad regional al interior del país”. Los lugares de menor incidencia son la Patagonia (12,5 a 16,8%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,9%)

El trabajo también destaca la relación de los IFE pagados con la Población Económicamente Activa (PEA) de cada provincia: en las del Noreste es de 55,3 a 80,1%, en el Noroeste 52,9 a 71% y, de vuelta, por debajo están las provincias patagónicas (29,6 a 42,2% y CABA (23,2%)

Sobre la inserción laboral “en relación de dependencia” de perceptoras y perceptores del bono mensual, la Anses precisa que entre febrero de 2019 y enero de 2020 “solo 826.195 personas (9,3%) tuvieron trabajo registrado al menos un mes y percibieron, en promedio, una remuneración de 13.046 pesos durante cuatro meses”.