En noviembre, un caso de la mal llamada “pornovenganza” llegará a juicio. Los especialistas encaran el tema y esperan una pronta respuesta y fuertes sanciones.

Pensar en la posibilidad de estar desconectados de las redes sociales, sin acceso a internet o incomunicados, es para muchos inconcebible. Internet ha modificado la forma de vivir e interactuar entre las personas y de la misma manera aparecieron nuevos medios delictivos que acechan a la población en general.
La dinámica de la informática pone de relieve graves problemas relacionados a la implementación de nuevas normas para la regulación legal de ese mundo, que involucra desde fotos sociales hasta datos bancarios.´

En ese abanico, la Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen (AALCC) elaboró un informe estadístico con el ranking de los 10 ciberdelitos más denunciados entre agosto de 2018 y agosto de 2019. El resultado, de acuerdo a las 818 consultas realizadas, muestra entre los que tienen mayor cantidad de denuncias a: amenazas, sextorsión, calumnias, escraches y estafas on line.

Tres delitos que no aparecen en la legislación penal
En ese ranking, tres de los delitos no están en la legislación penal, como el hostigamiento on line (ciberbullying), la publicación ilegítima de imágenes (hoy tratada como una simple violación de secretos) o la usurpación de identidad.

“Pornovenganza”
Desde 2012, aproximadamente, se instala el término pornovenganza en el país a partir de casos de mujeres con perfil público, que habían sido víctimas de la difusión no consentida de material íntimo -que es el término técnico de esa conducta- y que aún no cuenta con legislación en el Código Penal.
Marina Benítez Demtschenko, abogada de La Plata y especialista en delitos cibernéticos, lleva adelante la Fundación Activismo Feminista Digital, desde donde impulsan la discusión y la investigación de todo lo concerniente a los derechos digitales de la población femenina.

“Es importante que el Derecho se actualice y que contemple a estas conductas dañosas que todavía no son delito, porque realmente tienen un impacto de daño altísimo en la vida de todas las víctimas”, agregó la abogada, quien además fue víctima de la difusión de material íntimo como venganza de una expareja y que hace seis años espera por la carátula adecuada para su caso.

Desde otra perspectiva, pero con el mismo objetivo de salvaguardar la integridad de las personas, Hernán Navarro, fundador y director de la ONG “Grooming Argentina”, quien pasó por Salta invitado por AEFIP (Asociación de empleados fiscales e ingresos públicos), aseguró a este medio que “la necesidad de que salga una figura penal que esté relacionada a este tipo de delitos es imperiosa, ya que la norma es deficiente y no alcanza a tutelar el bien jurídico protegido que, en este caso, es resguardar la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, en los entornos digitales”.