Ana Carolina Dean, fiscal de la localidad de Maldonado, Uruguay, ordenó el comienzo de las investigaciones para determinar responsabilidades en el caso del cordero arrojado desde un helicóptero en José Ignacio. El comienzo de la investigación estará a cargo de la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) que evaluará los hechos y determinará si son castigados con multas o si pueden constituir causa penal. Organizaciones que defienden los derechos de los animales realizaron un escrache en un local de Etiqueta Negra, la marca del dueño del domicilio donde cayó el cordero, en la ciudad de La Plata.

“Lo retiraron, lo asaron y lo comieron”, dijo el miércoles por la noche Dean, fiscal encargada de la investigación, en declaraciones al diario uruguayo El País. Al no poder encontrar el cadáver del animal, la fiscal aseguró que les será muy difícil establecer si se encontraba vivo o muerto a la hora de ser lanzado al vacío. Además, confirmó que la principal hipótesis es que se trataría de una broma realizada por un amigo de Federico Álvarez Castillo, propietario del domicilio y de la marca de ropa Etiqueta Negra. Como informó este diario, el responsable de arrojar el cordero sería Eduardo “Pacha” Cantón, otro empresario millonario con múltiples inversiones en tierras uruguayas.

En este marco, la fiscal derivó el comienzo de las investigaciones a la Dinacia, que deberá determinar quién es el dueño del helicóptero, quién lo manejaba y si tenía autorización para hacerlo, para luego establecer, a partir del Código Aeronáutico de Uruguay, qué tipo de delitos se cometieron y las multas o penas correspondientes. La Fuerza Aérea uruguaya confirmó que “se está efectuando una investigación para recabar todos los detalles técnicos del vuelo” y que la Dinacia “se expedirá en función de nuestro Código Aeronáutico”.

El artículo Nº 26 de dicho Código establece que “no podrán arrojarse de las aeronaves sustancias u objetos que puedan ocasionar daños a las personas o a los bienes en la superficie”, mientras que en el artículo Nº 192 puede leerse que las penas van desde un apercibimiento hasta la cancelación de la autorización para volar. En el medio, se establecen multas que van desde los 80 mil hasta el millón de pesos uruguayos, es decir, cerca de 27 mil dólares. Sin embargo, existe un apartado que establece penas de prisión; el artículo Nº 205, titulado “peligro por hecho aviatorio impropio”, establece condenas de seis meses a cuatro años de prisión para quien “efectuare vuelos arriesgados poniendo en peligro la vida o bienes de terceros, si a consecuencia de cualquiera de los hechos sobrevinieran accidentes o daños materiales”. En el caso de que se descubriera que el helicóptero volaba sin autorización, la pena podría agravarse.