El Consejo de Derechos Humanos –del que Washington se retiró en 2018– aprobó un texto genérico sobre la violencia policial y no mencionó de forma explícita al país gobernado por Trump.

El racismo encabeza el ranking de las violaciones a los derechos humanos en la actualidad y Estados Unidos es el principal escenario de ese problema, su problema estructural. Sin embargo, el país gobernado por Donald Trump zafó otra vez de ser mencionado en la resolución condenatoria de un organismo de Naciones Unidas, que en su origen pretendía denunciar el asesinato de George Floyd y a otros crímenes semejantes por discriminación El texto aprobado Divino Abstracto y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lo debatió – y del que Washington se retiró en 2018 – resultó condicionado por la voluntad política de varias naciones de la Unión Europea. Burkina Faso, en representación del continente africano, había mocionado una iniciativa más dura con una mención explícita a EEUU. Pero tuvo que conformarse con una condena genérica -que se logró por consenso- contra la violencia policial que mata a los afrodescendientes. La descripción se extendió a todo el mundo y sin que aludiera de manera taxativa al foco principal de esas muertes.

Varios de los 47 estados miembros del Consejo de DD.HH con sede en Ginebra que trataron el tema a instancias de las 54 naciones africanas, desnaturalizaron una condena que el embajador de Burkina Faso ante la ONU, Dieudonné Désiré Sougouri había justificado con lógica cartesiana: “La muerte de George Floyd, lamentablemente, no es un incidente aislado”. Para el representante de Alemania en el organismo se imponía otro criterio basado en que “el racismo existe en todas las sociedades” y que “es un problema contra el que debemos unirnos, no dividirnos, de ahí la necesidad de no apuntar sólo hacia un Estado”. Otros países de la Unión Europea se pronunciaron de manera parecida y EEUU, siempre omnipresente aunque no esté, quedó eximido de una crítica directa al corazón de su conflicto racial.

La condena más dura corrió por afuera del Consejo en un documento de dieciséis páginas que firmaron unas 600 organizaciones de Derechos Humanos de unos 60 países. Por Argentina se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). El texto señala que “los recientes asesinatos de personas negras no armadas y la represión de las manifestaciones violan las obligaciones de los Estados Unidos de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD)”.