El abogado del sindicado como uno de los cabecillas de la banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, Luis “el Gordo” Saucedo es el Dr. Jorge Barboza. En charla con Sudamericana expresó que su defendido está en la Capital Federal, donde se le realizaron los primeros exámenes médicos y podría ser indagado este viernes.

Era el capo narco más buscado del país, procesado en la megacausa Itatí, cuyo juicio oral comenzó la semana pasada en los tribunales federales de Comodoro Py. Y era, porque Luis “El Gordo” Saucedo (39) fue detenido este miércoles en Pilar, Paraguay, por las fuerzas federales de ese país. Saucedo, que tenía pedido de captura de Interpol, era uno de los jefes de la organización de tráfico de marihuana junto con Carlos “Cachito” Bareiro (39) y Federico “Morenita” Marín (30).

El primero era el de mayor poder. Procesado en la causa del ex juez federal Sergio Torres, ya estaba preso por otra investigación, cuando este último ordenó su detención en el marco del Operativo Sapucay. Asimismo, “Morenita” logró mantenerse prófugo hasta octubre de 2018, cuando cayó por visitar a su mujer y sus hijas. Por él se ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos.

Junto a Saucedo fue arrestado Antonio Ramón Navarro, alias “Moncho”, otro prófugo que tenía esta investigación y que formaba parte de su misma banda, conocida como “Los Gordos”, según informó la Policía de Paraguay. El Gobierno paraguayo expulsó ayer a “El Gordo” a la Argentina en un trámite exprés y, según confirmó su representante legal a Sudamericana, ya se encuentra en dependencias de Gendarmería Nacional en Buenos Aires.

Saliendo de Itatí, Barboza comentó que “ahora, la acusación deberá probar sus dichos”, respecto de que Saucedo sería cabecilla de la banda. Expuso que además de la causa por encabezar una organización dedicada al tráfico, asociación ilícita, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, tenía un expediente por falsificación de documentos públicos y otro que lo vincula a la hija del ex intendente Roger Terán.

Recordó que además de tener un negocio en Itatí, Saucedo era trabajador municipal y que tuvo contacto con él un mes antes del operativo Sapucay, cuando le pidió que lo defienda en un caso civil.

El caso

Para los narcos y sus amigos todo comenzó a desmoronarse el 20 de abril de 2016, cuando un arrepentido declaró ante el entonces juez Torres cómo operaba el triunvirato de contrabandistas de marihuana que se repartía el negocio de la droga en los márgenes del Rio Paraná. Torres y los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) habían llegado a Corrientes siguiendo una pista de una organización que vendía marihuana al menudeo en la villa 31 de Retiro.

El arrepentido que declaró en ese expediente le puso nombre y apellido al entramado que, según él, metía al menos seis toneladas semanales de marihuana por Itatí usando chicos de los colegios para descargar las lanchas que llegaban desde la localidad de Ayolas, en Paraguay. Por la causa están detenidos, desde marzo de 2017, el ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán (52), y su segundo, Fabio Aquino (37).

La marihuana llegaba de las plantaciones grandes de Pedro Caballero, un pueblo del norte de Paraguay. La traían en camiones hasta la orilla y después en bote para Corrientes. Cada uno de ellos cargaba más o menos 500 o 600 kilos de marihuana.

En el agua había, de lunes a lunes, 50 lanchas de pescadores, con motores nuevos, importados”, contó uno de los arrepentidos. “De las lanchas pasan a Itatí -detalló un testigo-, allí las cargan en camionetas o pasan a las casas que están linderas al río Paraná. A partir de ahí empiezan a elaborar los grupos, se la reparten, la llevan a destino”.

Este aceitadísimo sistema de tráfico sería impracticable sin un pulido sistema de corrupción. “Ellos tienen todo arreglado con gente de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, también con la Policía local. Además, cargan a cien metros de Prefectura”, declaró un segundo arrepentido, que habló de aun más droga que el testigo anterior.

Con 31 procesados (29 de ellos presos), 120 testigos citados a los tribunales de Comodoro Py y una acusación que pone en juego penas de entre 6 y 30 años de prisión, el juicio oral tiene la característica inédita de ser un caso donde la Justicia ha logrado no sólo ir tras los narcos, sino también sobre el amplio espectro de encubridores y partícipes, desde miembros de fuerzas de seguridad, hasta políticos, funcionarios y miembros del Poder Judicial.