El Instituto Nº17 y su pelea por un edificio

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Nació en 2015 por el tesón de una comunidad ubicada en el monte y la voluntad de docentes que reacondicionaron un rancho en desuso. Reclaman que el Consejo General de Educación firme el convenio para recibir la donación que permita construir un nuevo edificio.

“Esta es una historia de lucha y de conquistas”, advierten tres docentes de distintos puntos del país cuyas vidas confluyeron en el monte de Misiones, a 20 kilómetros del punto más oriental de la República Argentina,  la localidad de Bernardo de Irigoyen. Allí, a kilómetros de donde termina la Ruta Nacional 14, sobre la tierra rojiza, viven unas 200 familias diseminadas que se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia. En el lugar no hay hospitales, y sobreviven unas cinco primarias rurales que tienen pocos alumnos. Allí también, desde 2015, cada día abre las puertas una escuela técnica cuya vida comenzó gracias a que el plantel docente del establecimiento presentó un proyecto de crédito fiscal que prosperó y se convirtió en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria (IEA) Nº17. Hoy, al lugar concurren 100 alumnos que trabajan con una fábrica de alimento balanceado, un invernáculo, un plantel de cerdos y pollos y un laboratorio para hacer análisis del suelo.

“Hablar de nuestro proyecto pedagógico es hablar de la expropiación y de nuestra lucha por el arraigo a la tierra”, comienza Nuria Lantos, una docente nacida en Buenos Aires que, hace más de diez años, tomó la decisión de irse a vivir y dar clases en Misiones.

En 2013, el desalojo de un grupo de familias llevó a que, durante más de 40 días, los vecinos de Irigoyen cortasen las rutas para reclamar que les reconocieran la titularidad de sus tierras. Como en la mayoría de los lugares donde la propiedad de la tierra es el único bien privado, los habitantes de los parajes de Irigoyen exigían la normalización de la ocupación de las tierras, que ya estaba técnicamente formalizada desde 2004 con la “Ley de Arraigo y Colonización”. Fue luego de la explosión del conflicto que, a casi 10 años de sancionada la ley, el Estado terminó expropiando cerca de 36 mil hectáreas, algo que benefició a las más de 2000 familias que vivían allí.

“En teoría, luego de la entrega de los títulos de propiedad, tienen que venir la luz, el agua, una sala de primero auxilios y la escuela. Abrieron la escuela, pero como el resto de los servicios no llegó, los chicos dejaron de ir y la escuela cerró”, explica Lucas Dos Santos, docente oriundo de Apósteles que, junto a Lantos y Fabián Martínez, también participó de la creación del proyecto de la IEA. “Ya hace varios años que nosotros veíamos cómo en las escuelas el primer año entraban 200 gurises y, para la promoción, habían quedado sólo unos 50. Salías del pueblo, recorrías los barrios marginales y te encontrabas con que la gran mayoría de la gurisada no entraba el secundario”, agrega Martínez, docente, viejo amigo de Dos Santos y compañero de Lantos.

El problema era el del arraigo. Las escuelas abrían, pero los caminos que se volvían intransitables los días de lluvia, la falta de electricidad y la situación económica hacían que los chicos dejaran de asistir. Muchas familias, además, luego de conseguir los títulos de propiedad vendían sus tierras para irse a buscar trabajo a la ciudad. Frente a esta situación, la amenaza del proceso de concentración de la tierra comenzaba a convertirse en un peligro real para la vida de la comunidad. “Necesitábamos una herramienta de formación que sirviera para que la gente se quedara a laburar la tierra”, sostiene Martínez. Así fue como comenzó a gestarse la idea de fundar el único secundario con orientación técnico agropecuaria del municipio, en un rancho donde antes había funcionado una primaria rural.

La historia de la construcción de la escuela es, también, la historia de la lucha para evitar su clausura. En 2015, el plantel docente del establecimiento presentó un proyecto a un concurso nacional de crédito fiscal que quedó en 5º lugar entre más de 200 propuestas. Con esos fondos pudieron comprar una fábrica de alimento balanceado, los insumos para trabajar con inseminación artificial y un laboratorio para hacer análisis de suelo. El lugar elegido fue un rancho que ellos mismo habían levantado para la vieja escuela primaria. Desde su inauguración en el 2015, cada año, sin excepción, el gobierno intentó cerrarlo.

Los chicos entran a las 7.30 y se van a las 16.30. Arrancan la mañana con las materias básicas, lengua, historia, geografía, y luego participan de los talleres de formación técnica. En la escuela dan desayuno (“sólo mate cocido”), almuerzo y merienda. “Tenemos muchos veganos”, ríe irónicamente Martínez , quejándose de la poca carne que esos chicos consumen. Y es que, como suele suceder con los establecimientos ubicados en zonas vulnerables, la agrotécnica cumple un rol que supera lo meramente académico. “Por un lado, sí, tenemos la educación técnica. Pero, por el otro, es un espacio donde nuclearse y organizarse”, explica Nuria. Fabián Martínez: “Acá no hay mucho trabajo. El objetivo de crear la escuela técnica siempre fue el aportar algo para que la gente pudiera empezar a organizarse a partir del único bien que tienen, que es la tierra”.

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