Más de 65 días de acampe. Un movimiento comunitario para garantizar la salud colectiva. Guardias comunales sostenidas principalmente por mujeres para frenar o echar a las máquinas pulverizadoras del casco urbano y campos aledaños. Un colectivo organizado y varias propuestas para hacer del espacio habitado un espacio habitable: una legislación que aleje las fumigaciones del pueblo, un relevamiento socio-sanitario, y una férrea promoción de la agroecología. Esa es la pintura de este tiempo en Sebastián Elcano, localidad del norte cordobés. “Vamos a sostener esta lucha hasta que cambie esta situación, y la comunidad está muy convencida de lo que quiere”, apunta Mónica Ponce, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), espacio que apuntala esta digna lucha.

Sebastián Elcano está a más de 180 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba, en cercanías del Cerro Colorado. Área que fue históricamente campesina y que pasó en las últimas décadas a ser parte del llamado ‘corrimiento de la frontera agrícola’ o ‘pampeanización’. En los hechos, la zona sucumbió al ingreso a gran escala de monocultivos de exportación –soja y maíz transgénicos–, uso masivo de plaguicidas, desmontes y desalojos campesinos. La resistencia de la abuela Ramona Bustamante es un emblema de esta área, un caso que llegó a ser conocido en otras partes del mundo.

La cartografía del poblado, donde desde hace más de dos décadas gobierna el radical Pedro Bonaldi, se vio alterada en los últimos dos meses a partir de la instalación de una carpa en el espacio público. Un nuevo eje de energía política de desplegó para disputar sentidos, prácticas que parecían intocables, y en definitiva, para cambiar la forma de concebir el territorio. Reuniones multitudinarias y acciones directas son los frutos de un reclamo que se fraguó a fuerza de dolores y hastío a lo largo de años. “Paren de fumigar el pueblo”, se escucha en las calles, las casas, y en la escuela.

“En un plenario de la organización, las madres pusieron como tema principal de preocupación las constantes fumigaciones, y la situación de salud de la población vinculada a estas prácticas. Entonces nos planteamos ponernos firmes, porque ya el año pasado presentamos una propuesta de ordenanza pero no pasó nada”, apunta la miembro de la FOB. En concreto, el colectivo reclama que se aleje todo tipo de aplicación de agroquímicos a 1500 metros del límite del casco urbano cuando se haga con maquinaria terrestre, y a 3000 metros cuando se trate de aplicaciones aéreas. La actual legislación provincial permite por ejemplo liberar glifosato con máquinas terrestres en el propio borde urbano. Desde el acampe solicitan también que se erradiquen de la zona poblada los depósitos de acopio de los químicos, y los galpones donde se guardan las máquinas aplicadoras.

Patricio, un vecino que adhiere a la causa, plantea que “realmente es muy difícil avanzar en acuerdos con sectores que durante más de veinte años hicieron este tipo de producción, nunca nadie les dijo nada, y todo fue avalado por el poder político, entonces hay como mucha prepotencia”. En ese contexto, siente que “es admirable lo que comenzaron las mujeres porque se parte desde ese escenario, donde la comunidad tenía como normal que a toda hora en cualquier parte del pueblo hay que estar respirando venenos”. “Lo que vino a hacer esta lucha es romper toda esta normalidad”, enfatiza este docente.