La decisión de Alberto Fernández le permite al Gobierno controlar el programa que por decisión de Macri había pasado a manos de la Justicia.

El Gobierno derogó este jueves 20 de febrero el decreto que había impuesto Mauricio Macri a pocos días de dejar el poder, que elevaba el rango de Agencia al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados por decreto, un programa que había tomado notoriedad en los últimos años, especialmente ligado a las causas de corrupción política y de narcotráfico. Ahora, la gestión de Alberto Fernández consideró que no existen “elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia” de la medida impulsada en 2019. En concreto, el decreto 795/2019, publicado a fines del mes de noviembre en el Boletín Oficial, impulsó modificaciones a la Ley n° 25.764, sancionada en 2003, que le otorgan una mayor autonomía, además de crear un Consejo Consultivo presidido por la Cámara Federal de Casación Penal. El programa había tomado notoriedad en los últimos años con el ingreso de algunos involucrados en causa de corrupción como Oscar Centeno, el chofer autor de los cuadernos de las coimas; Alejandro Vandenbroele, por la causa Ciccone; el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares; y Leonardo Fariña, quien recientemente renunció al programa.

La medida creaba la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados como un ente autárquico dotado de autonomía funcional, aunque iba a actuar en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, la Cámara Federal de Casación Penal iba a proponer un nombre para el cargo de Director Nacional de la agencia, el cual luego pasaría al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para, finalmente, ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

Este jueves, el Gobierno derogó ese decreto, con uno nuevo (168/2020),  ya que “que no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”. “Que ante tales circunstancias, corresponde derogar el Decreto N° 795/19 y restablecer el diseño institucional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, detalla la nueva medida.