El Presidente sólo iniciará otra ronda de diálogo con los acreedores privados si aceptan su oferta económica y además el sistema financiero avala ciertas reformas jurídicas destinadas a facilitar un acuerdo exitoso

Cuando Martín Guzmán ya tenía redactado hasta el comunicado de prensa anunciando la prórroga de la oferta oficial a los bonistas de Wall Street, Alberto Fernández dio la contraorden por celular: “Pará todo. No extendemos”, dijo el Presidente desde la quinta de Olivos. Guzmán cortó la exigua comunicación, regresó sobre sus pasos y ejecutó una decisión política que pone a la Argentina al borde del default.

Si no hay extensión de la propuesta a los fondos de inversión, no hay posibilidades de un canje exitoso. Se necesita un acuerdo que oscila entre el 66 y el 85 por ciento de adhesión de los bonistas -según las series de los títulos emitidos-, y el ministro de Economía hasta ayer sólo tenía una cifra cercana al 40 por ciento.

Al ordenar que no haya prórroga de la iniciativa oficial, Alberto Fernández clausuró la posibilidad de continuar las negociaciones. Y como ya no habrá negociaciones, es utópico avanzar desde el 40 por ciento de la adhesión que supuestamente ya se tiene asegurado, al 66 u 85 por ciento de aceptación legal que está prevista en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) establecidas en los bonos emitidos durante 2005 y 2016.

Entonces, si el Presidente no cambia de opinión en las próximas horas, la negociación habrá fracasado porque no se llegó a un acuerdo con los acreedores privados, que tienen la facultad de aguardar una nueva ronda de diálogo con Guzmán o marchar a tambor batiente rumbo a los tribunales de Manhattan para iniciar un juicio por default.

La diferencia de la oferta oficial respecto a la contraoferta de BlackRock y sus aliados es de tres dólares menos. Alberto Fernández ya advirtió en público y privado que no se movería de su iniciativa a los acreedores privados, pese al lobby en español e inglés que aún asola su despacho de la quinta de Olivos.