Una reciente reunión entre representantes de movimientos sociales y fuerzas de seguridad, gestionada por la cartera de Sabina Frederic, habilita preguntas sobre las nuevos procedimientos que se implementarán en las calles. Hablan los miembros de las fuerzas.

La foto es todo un símbolo: Representantes de los movimientos sociales están reunidos con la cúpula de las fuerzas de seguridad. Unos y otros suelen ser antagonistas en la situación de calle; lo fueron especialmente en los últimos años de protocolo anti piquete y Doctrina Chocobar. En medio de ellos está la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, desde cuya cartera se lanzó la convocatoria para el encuentro. La foto, y sobre todo el comienzo de diálogo que se desprende de esta reciente reunión (a la que, según se anunció, seguirán otras, con otros movimientos organizados) abre toda una serie de interrogantes sobre las nuevas políticas de seguridad que se implementarán en relación a la protesta callejera. Sobre todo, como advierten de diferentes maneras todos los protagonistas de esta foto, en tiempos en que el contexto económico y social próximo se sigue augurando complejo.

“Se trata de generar canales de diálogo”, explica Frederic a Página/12, en relación al reclamo social y a su atención por parte del Estado. “El país se encuentra en una situación de emergencia donde debemos colaborar todos, sabiendo que nosotros tenemos la responsabilidad política de la conducción. El objetivo es generar dispositivos que permitan resolver situaciones antes de que escalen. El uso de la fuerza pública debe ser la última opción” sostiene. Y detalla: “Ya hemos intervenido articulando con otros ministerios para destrabar situaciones conflictivas de manera no violenta y lograr lo que todos queremos: que se avance en la resolución real de los problemas”.

Desde los movimientos sociales, como reclamo y visión común, hablan de la necesidad de “despojar al pobre de la culpa de ser pobre”. “La concentración económica genera desigualdad y la desigualdad genera reclamos. La protesta callejera es la manera de hacer escuchar ese reclamo”, marca Esteban ‘el Gringo’ Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Habla de las movilizaciones que trajinan las calles céntricas de las ciudades. Cuando no rutas, o empedrados. Vienen desde los barrios más alejados y desprotegidos. Cargan el mote de ‘piqueteros’ desde que en los ‘90 los trabajadores desocupados de una YPF privatizada tomaron las rutas, y cerca de Cultral-Co, se alzaron en la pueblada que tuvo a Teresa Rodriguez como mártir.

Más cerca en el tiempo, bajo la misma matriz económica y política, otras fotos y otros momentos mostraron la escalada del reclamo, y también de la represión a esa protesta organizada. La movilización contra la reforma previsional de 2017 fue emblemática en ese sentido. Pero también una postal como la que mostró el fotógrafo de Página/12 Bernardino Avila, la de la jubilada juntando la berenjena con su changuito, en medio de la violenta represión al “verdurazo” de la Unión de Trabajadores de la Tierra. El fotógrafo, por cierto, fue arrestado junto a otro reportero gráfico poco después, mientras cubría otra represión, en ese caso a un “cuadernazo” de los trabajadores de la cooperativa Madygraf.

“Ese diciembre, cuando la ciudad se llenó de humo, supimos que esa película ya la habíamos visto y era increíble que volviera a suceder”, recuerda Gabriel Fuks, actual secretario de Articulación de la Seguridad del Ministerio de Seguridad y en ese entonces Defensor Adjunto del Pueblo en la ciudad. Se refiere a los tres días de protesta del 13, 14 y 18 de diciembre de 2017, mientras la célebre ley 27.426 se debatía puertas adentro del Congreso. “Y la movilización tuvo mucho apoyo –reflexiona Castro–, incluso cacerolas, fue muy sentido por el pueblo porque le sacaban la guita a los jubilados”.

¿A nadie le gusta reprimir?

Para el jefe de Prefectura, Mario Farinón, la flamante mesa de diálogo fue “una grata sorpresa, por el hecho de poder conversar con quienes en las manifestaciones nos encontrábamos en posiciones diferentes. La sociedad hoy demanda un esfuerzo y debemos trabajar en equipo”, le dice a Página/12. Destaca la apertura de un contacto para trabajar en las marchas “con la conducción de la fuerza y los grupos representados”. Y valora la tarea de los movimientos sociales: “En los barrios las organizaciones son muy activas y colaboran, se los ve en una tarea incansable, de apoyo a las comunidades y tratando de ayudar”. “Ahora hay un nexo, los representantes de los movimientos tienen los teléfonos de los jefes de cada fuerza para el momento que lo necesiten”, asegura.

“A nadie le gusta reprimir”, se explaya Farinón, a tono con los tiempos que corren. La misma frase fue escuchada por varios de los asistentes a la reunión, de boca de jefes de diferentes fuerzas de seguridad. “Ir a reprimir es lo más duro que a uno le puede tocar. Si se pudiera elegir, creo que ninguna persona en su sano juicio elegiría reprimir”, se explaya el jefe de Prefectura, y lo enmarca en sus creencias personales: “Soy católico y apostólico, espero ayudar con lo mejor que podamos, como seres humanos a cargo de una fuerza”, dice.

“Cada vez que hubo posibilidad de diálogo las cosas funcionaron, sin llegar a la violencia”, destaca una alta fuente de Gendarmería, y define: “Nosotros somos una herramienta del Estado en el uso de la violencia, dirigida por la justicia o el poder político. Cuando es mal usada, ocurren situaciones lamentables. Pero no somos irracionales, porque si se puede dialogar, cada cual logra lo suyo. Pero los que tienen que dialogar son otros”, subraya. En situaciones de conflicto “si se logra que un secretarios de gobierno ‘baje’, y que el reclamo se trasmita a quienes tengan poder de decisión, se soluciona”, cuenta. Y concede: “Las situaciones de violencia siempre han sido batallas perdidas. Cuando hay represión la imagen institucional se desprestigia”.

No sólo se desprestigia: también, en cierto sentido, queda desprotegido ante las consecuencias legales de su accionar represivo. “El gobierno anterior puso enorme presión para llevar a las fuerzas de seguridad a infringir la ley. Hoy, mientras Bullrich se dedica a tuitear y sigue defendiendo su Doctrina Chocobar, el mismo Chocobar sigue recorriendo tribunales”, recuerda Fuks. “Esa política de sostener la grieta ponía a los integrantes de las fuerzas de seguridad borde de la ilegalidad. No buscaban que los niveles de violencia bajaran, no buscaban negociar. Buscaban reprimir para disciplinar”.

Así, como sostiene Gabriela Seghezzo, investigadora del Conicet y directora del Observatorio de Ciencias Sociales de la UBA, “a la policía le termina cayendo la responsabilidad por cosas que debería resolver la política”.

El giro en la seguridad

“En términos de diagnóstico, pasar del protocolo antipiquete de Bullrich y los operativos en torno a los asesinatos de Maldonado y Nahuel, a un encuentro de estas características, marca un giro en la política de seguridad”, destaca Seghezzo. En la comparación está volviendo a la foto de la reunión realizada en el edificio de Gendarmería. Allí estuvieron los nuevos jefes de las cuatro fuerzas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); los subjefes y sus jefes operativos. Y representantes de la UTEP, CCC, Barrios de Pie, Octubres, Martín Fierro, la Dignidad. Un detalle importante: No hubo negociadores, ya que ese rol, el de los mandos que interactúan en situaciones operativas, en los últimos años fue desactivado.

Cada parte accedió a tender puentes que faciliten la convivencia para los tiempos que vendrán. “Nadie cree que van a desaparecer las tensiones porque hayamos compartido una charla y unos sanguchitos de miga. Los problemas existen y las organizaciones van a seguir ocupando la calle”, aclara Fuks. “Por supuesto que se vislumbra que habrá conflictividad. El tema de la deuda compromete nuestra política económica y plantea un horizonte difícil para los más desprotegidos. Pero entendemos que propuestas como esta, buscan solución a los conflictos”, coincide Castro.