Fue por orden del Juez Federal de Resistencia, Enrique Bosch, a solicitud del fiscal, Patricio Sabadini. En esta causa, se los acusa al secretario General del Sindicato de Empleados Municipales, Jacinto Sampayo; su hijo, Facundo y el secretario adjunto, Darío Sardi, de utilizar la estructura del sindicato para canalizar el ingreso de fondos provenientes de inversores particulares para luego ser volcados a préstamos otorgados a empleados municipales, operatoria llevada a cabo en forma irregular y por afuera del sistema financiero.

La justicia federal una vez más está tras los pasos de Jacinto Sampayo y el Sindicato de Trabajadores Municipales por presuntas maniobras irregulares.

En el marco de una causa por la supuesta conformación de una “financiera paralela”, el juez Federal de Resistencia, Enrique Bosch, ordenó allanar este martes dos edificios: uno ubicado en calle Obligado 855, donde funciona el STM, y otro en avenida Italia 780, sede de la Federación de Trabajadores Municipales del Chaco, que también conduce Sampayo. El procedimiento lo realizó Gendarmería Nacional.

La causa fue impulsada por el fiscal, Patricio Sabadini y tiene como principales acusados a Sampayo; su hijo, Facundo y el secretario Adjunto del STM, Darío Sardi.

La información da cuenta que se los imputa de haber llevado a cabo maniobras a través de las cuales habrían utilizado la estructura del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia para canalizar el ingreso de fondos provenientes de inversores particulares para luego ser volcados a préstamos otorgados a empleados municipales, operatoria llevada a cabo en forma irregular y por afuera del sistema financiero al tratarse de un sindicato, cuya finalidad y objeto no comprende actividades de este tipo.

En este sentido, el fiscal aclaró que si bien como sindicato podría conceder algún tipo de préstamo o ayuda a sus afiliados, tal posibilidad sería factible siempre que lo fondos otorgados en préstamos sean propios y provengan, por ejemplo, de lo recaudado en concepto de cuota sindical, no así del aporte especulativo de particulares pactado bajo tasas usurarias, lo que supone el cobro de tasas más elevadas aun a quienes, en definitiva y en el último eslabón, solicitan los prestamos que son los empleados municipales.

El funcionario judicial señaló en este sentido que los aportes de particulares luego eran volcados a préstamos para trabajadores municipales a tasas usurarias y, como no podían ser registrados bajo alguna modalidad legal, se garantizaban o aseguraban mediante el otorgamiento de un cheque de pago diferido, cuyos montos se cubrían cuando la municipalidad efectuaba los pagos mensuales al Sindicato bajo los rubros de aporte sindical por cuota social, aporte extraordinario (conocido como “Bingo”) y por último, Servicios de Proveeduría y Prestamos al afiliado. Según Sabadini, este último rubro era a través del cual se canalizaron los fondos de particulares que luego de ser volcados a préstamos a empleados, reingresaban al sindicato cuando el municipio les descontaba a los trabajadores.