Pidieron que el dinero sea destinado a la lucha contra el coronavirus. “Creemos que son tiempos de austeridad y de solidaridad”, afirmaron.

El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio propuso un recorte del 30% en los sueldos de los funcionarios públicos de mayor jerarquía. A través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, el espacio opositor pidió destinar el total recaudado a tareas de prevención y de asistencia por el coronavirus.

El comunicado se conoció minutos después de que, en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, se escuchara un cacerolazo en pos de una rebaja de los salarios de la planta política.

La solicitud del espacio llegó luego de una charla que mantuvieron por la tarde sus máximas autoridades en la Cámara Baja: Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro.

En la nota, los parlamentarios aludieron a las “circunstancias excepcionales” que atraviesan la Argentina y el mundo, las cuales demandan de las instituciones y actores políticos una “mayor disposición de explorar alternativas” para hacer frente a la crisis sanitaria.

“Sabemos de las dificultades que tiene el Estado Argentino, que se agigantan cuando las restricciones se multiplican, como pasa en cualquier crisis socio-sanitaria: los recursos son escasos y el tiempo es apremiante”, dice el texto que, además, recuerda que las dietas de los legisladores se encuentran congeladas desde diciembre pasado.

Aún así, propusieron, a semejanza de iniciativas similares en algunas provincias y en la región, la “constitución de un fondo de emergencia destinado a atender los aspectos ‘más urgentes’ de la gestión de la crisis”.

Concretamente, sostuvieron la necesidad de “garantizar el acceso universal al sistema de salud en el contexto de la emergencia, particularmente a través de la compra de insumos críticos y reactivos para reforzar una política de testeo estratégico y el sostenimiento del empleo en el sector privado, especialmente el que generan las PYMES de nuestro país y su distribución con criterio federal”.

Con el objetivo de constituir el fondo mencionado, estimaron que será necesario el aporte del 30 % de los ingresos de la totalidad de los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que incluye a ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, camaristas, jueces, secretarios, legisladores, Presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios, el Ministerio Público Fiscal, los directorios de las empresas públicas y los organismos descentralizados y desconcentrados.

También propusieron que la medida se lleve adelante durante un plazo de 90 días, y que el control del gasto del fondo lo realice la Auditoría General de la Nación mediante un programa creado a tal efecto.

“Creemos que son tiempos de austeridad y solidaridad del Sector Público y que todos los esfuerzos deben concentrarse en garantizar el acceso a la salud y preservar el empleo y a nuestras empresas para que superada la emergencia sanitaria podamos entre todos salir adelante con el trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado”, concluyeron.