El Gobierno definió que “la inmensa mayoría de las jubilaciones” tenga en marzo un aumento superior al 11,6 por ciento, que era el porcentaje que hubieran recibido con la ley de movilidad de la administración anterior. Para las jubilaciones mínimas, eso significa que el incremento será mayor a 1631 pesos, el 11,6 por ciento de ese haber, que se ubica actualmente en 14.068 pesos. Las aumentos se fijarán por decreto, luego de que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspendiera la fórmula de movilidad del gobierno de Mauricio Macri. El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, adelantó en declaraciones periodísticas que el aumento será “probablemente” una suma fija y no porcentual, con el objetivo de que signifique una suba mayor para los jubilados que cobran la mínima. Página/12 pudo saber que el incremento será también más alto del 11,6 por ciento para haberes que superan el haber mínimo.

“La suma fija es por el criterio instruido por Alberto Fernández de que las jubilaciones, especialmente las más bajas y las de los sectores más castigados, mantengan su poder adquisitivo”, aseguró Vanoli en Casa Rosada, tras la firma de un convenio entre el Gobierno nacional y La Pampa por deudas previsionales. El objetivo de la suma fija es lograr un mayor impacto en los haberes mínimos, pero sin descuidar las cuentas fiscales, indicó el titular de la Anses. “Teniendo en cuenta la realidad fiscal, que es muy compleja, queremos que los aumentos tengan viabilidad, sin agravar la situación en un momento difícil”, agregó.

No es la primera vez que el Gobierno adelanta que el próximo aumento será una suma fija. “En marzo habrá un nuevo aumento a los jubilados con suma fija”, había dicho en diciembre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De esta forma, aclaró que lo que se suspendió fue la fórmula de cálculo de los aumentos, pero no así las subas. “Estamos trabajando para que los jubilados que estén peor, estén mejor”, había dicho. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aprobada a fines de diciembre, estableció la suspensión de la actualización automática de los haberes jubilatorios e instruyó al Poder Ejecutivo a aprobar los próximos aumentos por decreto.