La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que le permitirá a las autoridades disponer de los bienes que se hayan asegurado a la delincuencia organizada. En la sesión extraordinaria de este día, el pleno del órgano legislativo avaló la ley con 420 votos en favor, 10 en contra y 9 abstenciones.

La nueva ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos de una persona respecto a sus bienes que sean producto de un delito, cuando así lo declare la autoridad judicial. Su despojo no conlleva una ningún tipo de compensación.

Los bienes susceptibles a este nuevo reglamento se relacionan con los delitos desecuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.

Ni siquiera las personas que hayan fallecido podrán librarse de este nuevo dictamen, que establece que la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal no anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias recaen incluso en los herederos.