En el día posterior a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes indepedentistas, el movimiento soberanista no se ha retirado de las calles de Cataluña, ni ha disminuido en su grado de rechazo e indignación.

La reacción del Gobierno catalán a los hechos ha sido controvertida, por un lado alentó y respaldó las manifestaciones, y por otro destacó el accionar de la policía para responder a las protestas. Por su parte, el Gobierno español intentó dejar atrás la sentencia, y reconducir la atención hacia los comicios del 10 de noviembre, en los que el PSOE apuesta por obtener apoyos suficientes para formar un Ejecutivo monocolor, que prescinda de otras fuerzas políticas en el Consejo de Ministros.

Las protestas más multitudinarias se produjeron en Barcelona y Girona. En la ciudad costera, decenas de miles de personas protestaron frente a las delegaciones del Gobierno catalán, y pequeños grupos realizaron quemas de banderas españolas y se enfrentaron con la uniformados de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional. En ciudades del interior como Girona y Lleida, varios miles realizaron concentraciones de repudio a la sentencia, en las que también se produjeron choques con las fuerzas de seguridad. Según la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, más de 200 manifestaciones se produjeron en la geografía catalana.