La vicepresidente asume con 10 causas judiciales en su contra

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Combativa, desafiante, sarcástica, coqueta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dividió aguas de la política argentina entre quienes la admiran y la aman y aquellos que la desprecian y la odian. Consciente de las pasiones que desata, en esta campaña electoral optó por pasar a un segundo plano para lograr que Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete, llegara a la presidencia. A sus 66 años, Cristina se empeñó en la reunificación de la oposición peronista, que aglutina a diversas corrientes desde la derecha hasta la izquierda, con el objetivo de impedir la reelección de Mauricio Macri, lo que logró con creces. Cristina Kirchner jurará este 10 de diciembre como vicepresidenta -la tercera mujer que ocupa tal cargo en la historia argentina- con diez causas judiciales abiertas en su contra por presunta corrupción, cinco con pedido de prisión preventiva de la que está exenta por sus fueros parlamentarios. En algunos de esos casos se indaga también a sus hijos Máximo, diputado por el Frente de Todos, y Florencia, cineasta, que se encuentra en Cuba bajo tratamiento médico.

En Cristina se personifican varias curiosidades históricas: esposa de un presidente, fue la encargada de sucederle en el poder mediante el voto popular. Tras dos mandatos de lo que significó el período presidencial más extenso de la historia argentina, logró ser electa senadora en 2017 y dos años después decidió ir por la vicepresidencia, eligiendo ella misma a quien sería el candidato presidencial de su frente.

La jura de Cristina como vicepresidenta no debería significar ningún cambio en su situación judicial, aunque muchos temen que sea indultada, posibilidad que fue rechazada por el próximo mandatario. “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto; los presidentes no están para perdonar a nadie”, aclaró Alberto Fernández. Más tarde, sin embargo, cargó contra el sistema judicial asegurando que se encargó de perseguirla: “Contra Cristina no pudieron avanzar porque las pruebas son inexistentes y porque el pueblo la eligió y le dio fueros”. Uno de los abogados de Cristina, Gregorio Dalbón, opinó que la Causa de los Cuadernos de las Coimas es “una locura que armaron judicialmente”. El abogado arguyó que el dinero que se le busca a la familia Kirchner “se encontró en un banco y en una caja de seguridad”, que correspondía a “la sucesión de Néstor Kirchner”; y que “cualquiera puede seguir las declaraciones juradas de Néstor y de Cristina para observar su crecimiento patrimonial”. “No cuesta entender que lo que ha pasado se llama ‘lawfare’, argumentó Dalbón. “Es un procedimiento donde la Justicia y los medios se asocian contra un Gobierno o un político para sellar su capacidad de gobernar y/o ser oposición a los gobiernos de corte neoliberal”. La primera vez que habló ante un tribunal que juzga la Causa Vialidad, Cristina dijo que el proceso en su contra “se trata de persecución contra líderes políticos”. “Es un escándalo, una vergüenza, presionaron a jueces y ministerios públicos”, afirmó, y agregó que “todo el proceso es una guerra legal; se difunden cosas que no sucedieron para formar una opinión pública de manera que los jueces no tengan otra elección que emitir una condena”. “No soy abogada penalista, pero jamás en mi vida había presenciado ser parte de un guión en lugar de un proceso judicial”, subrayó.

Dólar futuro: La primera causa elevada a juicio oral en marzo de 2017 por el juez Claudio Bonadio —que firmó 10 procesos contra la expresidenta— es la conocida como “dólar futuro” e investiga a Cristina, a su exministro de Economía, Axel Kicillof, y su expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, por la presunta venta de dólares a futuro a un precio menor que el mercado y por provocar un perjuicio económico al Estado. El proceso fue cuestionado desde varios sectores por enfocarse en una medida económica tomada por una administración para equilibrar el mercado cambiario y que, por lo tanto, no debería ser sometida a proceso.

Memorándum con Irán :La segunda causa elevada a juicio oral (en marzo de 2018) contra la senadora Fernández surgió en enero de 2015 cuando la entonces presidenta fue denunciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. Remite a un acuerdo de entendimiento votado en el Congreso argentino que la administración de Fernández pactó con el Gobierno de Irán para lograr que los iraníes procesados por el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, en 1994, declararan en la causa, aunque el memorándum nunca fue aprobado por el parlamento iraní y nunca entró en vigencia.

Causa vialidad Es el único de los procesos que llegó a juicio oral y público y comenzó el 22 de mayo pasado. Se acusa a Fernández de favorecer al Grupo Austral, empresa cuyo titular era el empresario afín a la familia Kirchner, Lázaro Báez, con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2004 y 2015. “La [causa por] obra pública está en juicio oral y será nula, comenzó sin las pericias y ahora las pericias llegaron con un resultado positivo para los imputados”, sostuvo Dalbón.

Causas Los Sauces y Hotesur Se trata de dos procesos que fueron unidos “a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia” según lo argumentado por el tribunal. La investigación, por la que también están procesados Máximo y Florencia, apunta a dilucidar si empresarios afines al kirchnerismo, entre los que se apunta a Cristóbal López y Báez, contrataron durante años habitaciones en los hoteles propiedad de los Kirchner para blanquear sobornos derivados de la obra pública. “En la causa Los Sauces y Hotesur las pericias dan perfectas en las locaciones de ambos hoteles y no hay vinculación a lavado de dinero de ninguna forma con la familia Kirchner”, dijo el abogado defensor.

Los Cuadernos K y desprendimientos La causa de los cuadernos es tal vez la más relevante y salió a la luz tras una investigación publicada en La Nación que denunciaba a la exmandataria como jefa de una asociación ilícita que presuntamente operó entre 2003 y 2015. El material de prueba, del cual se presentaron fotocopias, son un conjunto de cuadernos presuntamente escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación, en el que relata en forma detallada el recorrido de bolsos con dinero, presuntamente provenientes de sobornos millonarios que empresas de la construcción le pagarían a esa cartera.

De esa información se desprenden nuevas causas que involucran a la senadora e investigan, entre otras cosas, el uso de aviones oficiales para enviar diarios y otros objetos desde Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz, la tenencia de documentos históricos por parte de Fernández, entre ellos una carta del general San Martín a O’Higgins que fue obsequiada por el presidente ruso y supuestos otorgamientos irregulares de subsidios a empresas ferroviarias y de colectivos.

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