La emergencia sanitaria está originando desbordes policiales en varios puntos del país. El gobierno reaccionó con fuerza y coordinó con las provincias. La visión de los especialistas.

La entrada en vigencia el DNU 297/2020 que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para frenar el avance del coronavirus dio lugar a la intercepción y detención de numerosas personas que imcumplieron la normativa. A medida que los arrestos empezaron a crecer de manera exponencial, las redes sociales reflejaron casos de violencia institucional ocurridos a lo largo y ancho del país por parte de miembros de distintas fuerzas policiales, cuyas principales víctimas son integrantes de los sectores más vulnerables de la sociedad. El Ministerio de Seguridad de la Nación pasó a disponibilidad a los efectivos bajo su órbita involucrados en hechos de ese tipo y exhortó a sus pares provinciales dar una respuesta categórica a los abusos policiales.

Según datos oficiales, desde el 21 al 30 de marzo las fuerzas de seguridad interceptaron a 544.153 personas que fueron liberadas tras ser notificadas de que quedarían sometidas a una causa penal. En cambio hubo 14.849 que quedaron detenidas. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, reciben diariamente un sinfín de testimonios acompañados de videos sobre abusos de parte de fuerzas federales y provinciales contra personas de barrios populares.

Algunas imágenes muestran efectivos disparando balas de goma y balas de plomo contra los vecinos, golpeando a personas en situación de calle, persiguiendo a jóvenes en moto al punto de casi atropellarlos, obligando a “bailar” a los detenidos en plena vía pública, amenazando con golpear y matar los que no cumplen con las normas, e incluso inventando toques de queda inexistentes para que la gente se quede en su casa.

La respuesta del Gobierno

La ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic presidió este miércoles la Reunión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior con las autoridades de todas las carteras de seguridad del país. Allí transmitió su preocupación por los casos de abusos policiales y explicó fueron pasados a disponibilidad quienes tuvieron un comportamiento por fuera de la ley. “El presidente lo planteó el domingo: si bien estamos en una situación excepcional, esto no debe dar lugar a atropellos de las fuerzas”, explicó Frederic y señaló la necesidad de instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales.

Fuentes del Ministerio de Seguridad afirman que se “actuó rápidamente” en los primeros casos que recibieron y resaltan que “de ninguna manera se va a tolerar ningún abuso de parte de las fuerzas”. Entre los casos que mencionan, se incluye la suspensión de cuatro gendarmes que emitieron un audio de la película “La Purga” mientras patrullaban las calles de La Matanza, en vez de comunicar las medidas preventivas por el Covid-19. También se expulsaron otros tres gendarmes que obligaron a un grupo de jóvenes a realizar ejercicios físicos similares al servicio militar obligatorio en Isidro Casanova, de la misma localidad bonaerense.

De todas formas, cabe aclarar que la cartera dirigida por Frederic no tiene la capacidad de sancionar a las fuerzas de las provincias que hayan incurridos en hechos de violencia institucional. Es el caso de un agente de la policía de Córdoba que le disparó una bala de plomo por la espalda a un adolescente que huía tras ser detenido por violar la cuarentena. Según el diario La Voz, el joven se encuentra bien, en tanto el efectivo policial quedó en situación pasiva por orden del Tribunal de Conducta Policial de la provincia que le secuestró el arma reglamentaria y le inició un sumario.

El Ministerio de Seguridad habilitó la línea abierta 134 para dar cuenta de cualquier hecho de violencia institucional. La provincia de Buenos Aires, por su parte, cuenta con la línea gratuita 0800-999-8358 de la Auditoría General de Asuntos Internos donde también se reciben este tipo de denuncias.