Después de trece años de servicio, la maestra fue diagnosticada con “esbozos nodulares en ambas cuerdas vocales” y una discapacidad del 17%. El fallo a su favor habla de la falta de prevención.

Una docente -cuya identidad se preserva bajo las iniciales V.T.- cobrará una indemnización de 560 mil pesos de parte del Gobierno porteño y de la aseguradora de riesgos de trabajo. A lo largo de los años, la mujer perdió capacidad vocal y el fallo señala que no se previno debidamente.

En distintas encuestas se observa que las afecciones de la voz, que van desde leves disfonías a casos más graves como el narrado, son recurrentes en la docencia. Sus otras dos enfermedades profesionales son psiquiátricas y osteoarticulares por el tiempo que pasan parados al frente de un curso.

El Juzgado N° 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la demanda de la docente, que trabaja en escuelas públicas porteñas desde 1997.

El 7 de septiembre de 2010, en la Clínica de Microcirugía, un otorrinolaringólogo le diagnosticó “esbozos nodulares en ambas cuerdas vocales”. Por entonces, la maestra emprendió un tratamiento de foniatría y “reposo vocal”, pero una vez que volvió a clases -continúa el relato- su afección empeoró, señala Infobae.com.

Le propusieron una intervención quirúrgica, pero ella prefirió un tratamiento “menos invasivo” y le prescribieron quince sesiones de foniatría. “El día 21 de octubre de 2010 el facultativo dispuso el alta médica con el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, a pesar de haber no realizado estudios complementarios”, dice el fallo.

Un año después V.T. fue diagnosticada por la Junta Médica con una discapacidad del 17%, que después se refrendó en distintas instancias. En ese momento, la demandante tenía 34 años. Por eso, señaló, le faltaban otros 21 años de servicio para alcanzar la edad jubilatoria que contempla el Estatuto Docente.

Ese es uno de los elementos que remarca el fallo, que salió en las últimas semanas, a la hora de otorgarle la indemnización: los 560 mil pesos más intereses corresponden a incapacidad física, daños morales, tratamiento psicológico y la oportunidad frustrada de desarrollar una carrera profesional como docente. Antes de ingresar al sistema educativo, los exámenes preocupacionales no habían arrojado ninguna dificultad en las cuerdas vocales.

En el reparto de responsabilidades, Aurelio Ammirato, titular del juzgado, le atribuye al Gobierno porteño no haber adoptado las medidas de prevención pertinentes. “Por el contrario, se encuentra demostrado mediante la declaración de los testigos que la docente estaba a cargo, ocasionalmente, de más de 100 alumnos, que el aula donde se desempeñaba tenía aislación insuficiente y que no recibió capacitación para el adecuado uso de la voz”, puntualiza.

En tanto, a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. se le atribuye no haber identificado que existían riesgos para la salud de la maestra. También el fallo le cuestiona no haber brindado técnicas de prevención, no haber hecho controles en las escuelas donde trabajaba y no adoptar medidas a tiempo.

Desde UTE, el sindicato mayoritario de la ciudad de Buenos Aires, celebraron el fallo. “Se trata de un fallo de avanzada, que claramente representa una excepción. En general, las resoluciones apunta mitigar las consecuencias y no a atacar las causas”, consideró Eduardo López, su secretario general.