Luego de que una sobrina lo denunciara por abuso sexual, el comportamiento del ex gobernador de Tucumán y actual senador nacional José Alperovich quedará bajo la lupa del Congreso. Frente a un escándalo de esa naturaleza, los miembros del Senado tienen a disposición una batería de acciones para brindar garantías a la sociedad sobre los miembros de su cuerpo.

Como cualquier otro legislador, Alperovich está protegido por la inmunidad de arresto que le conceden los fueros parlamentarios. Ese resguardo -establecido en los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución Nacional- impide que otros poderes del Estado puedan “acusar, molestar y detener” a los representantes del Congreso por razones políticas. Con esta garantía, lo que se busca es salvaguardar la representación política de la ciudadanía.

La inmunidad tiene límites. Frente a la denuncia por violación, no existe prohibición alguna para que la Justicia avance contra Alperovich, lo cite a declarar e incluso está facultada a emitir sentencia. Sin embargo, en caso de que algún juez pida el arresto de uno de los miembros del Congreso, el cuerpo legislativo tiene que juntar la mayoría necesaria habilitar esa prerrogativa.

“Pueden pasar tres cosas. Sus pares del Senado podrían considerar que la acusación es grave y lo suspendan por un tiempo determinado. La otra alternativa es removerlo por ‘inhabibilidad moral’ o bien, la tercer salida es esperar que el juez pida su desafuero y aprobarlo”, afirmó a Infobae el abogado constitucionalista Félix Lonigro.

En todos los casos, aclaró Lonigro, los miembros de la Cámara alta tienen que lograr una mayoría agravada de 2/3 de los votos para que la decisión tenga validez. ¿Es factible que un legislador pueda ser eyectado del Congreso o sancionado, aún cuando se presume la inocencia del acusado y -al menos al momento de tomar la decisión- no ha habido condenas? Para el derecho constitucional, la respuesta es positiva.

“Aún sin haber delito, los legisladores pueden considerar que existe una inhabilidad moral de parte de un legislador. Hay que recordar lo que sucedió con el diputado Ángel Luque, el padre del asesino de María Soledad Morales en Catamarca. Solo por decir que él, de haber estado en el lugar de su hijo, ‘habría hecho desaparecer el cadáver” de la víctima, para sus pares de la Cámara de Diputados fue una situación que ameritaba echarlo”, consideró Lonigro. “La decisión de una Cámara de suspender o expulsar por inhabilidad moral es algo que no se puede cuestionar judicialmente. En la doctrina se considera esto como un acto político no judiciable”, planteó el abogado.

En el mismo sentido, se expresó Félix Loñ, profesor de derecho constitucional: “Se requiere una profunda investigación sobre esta denuncia porque se trata de un hecho gravísimo. De confirmarse el abuso sexual, el senador debería ser removido del cargo que ejerce. Pero por el momento sería bueno suspenderlo”.

“Hay que terminar con esa idea de que tanto la Cámara de Diputado como el Senado sean el refugio de personas que cometen delitos de cualquier tipo. Porque pareciera que ser senador le da jerarquía especial y no es así. No surge de ningún artículo de la Constitución. No tiene inmunidad y es un ciudadano como cualquier otro”, agregó el abogado constitucionalista.