La Sala 1° de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia, conformada por Eloísa Barreto y Wilma Sara Martínez, hizo lugar al recurso presentado por la Fiscalía de Estado, y revocó la medida cautelar dictada en primera instancia por el juez Julián Flores, que suspendía la aplicación de los decretos del Poder Ejecutivo sobre pases a planta en la Administración Pública provincial.

Entre los considerandos de la resolución, las camaristas sostuvieron que “las aseveraciones contenidas en el escrito inicial no alcanzan a sostener algún argumento razonable por el cual surja, a primera vista, la existencia del derecho invocado”.

Asimismo, la Cámara de Apelaciones consideró que “tampoco es posible suponerla en base a meras conjeturas, fundadas en la sola circunstancia de existir designaciones de un gran número de empleados por parte del Poder Ejecutivo Provincial y la alusión a expresiones que adolecen de vaguedad, como la puesta en peligro de la ‘Administración provincial’ o la ‘gobernabilidad’ de las nuevas autoridades”.

“La ilegitimidad alegada, en su caso, exige una indagación y análisis que excede la posibilidad de conocimiento provisorio de esta precautoria”, apuntaron las juezas, al hacer lugar a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado.

En otro párrafo, la Cámara de Apelaciones argumentó que “se está ante un típico caso de una cautelar que trasciende su función -asegurativa- para convertirse en un adelantamiento parcial o total de la pretensión principal lo que se suma al primer principio expuesto -de la presunción de legitimidad de los actos administrativos- y aduna a que ésta deba ser mensurada con mayor severidad”.