Río de Janeiro se declaró en cesación de pagos

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La ciudad de Río de Janeiro, la segunda más grande y principal destino turístico de Brasil, declaró la cesación de pagos a raíz de la severa crisis económica y fiscal. El municipio es gobernado por el intendente Marcelo Crivella, un pastor evangélico cuya reelección para 2020 cuenta con el respaldo del presidente Jair Bolsonaro.

El Diario Oficial del Municipio de Rio de Janeiro anunció que suspendió todos los compromisos de pago hasta “nueva orden” para “ajustar las cuentas” a raíz de medidas judiciales que obligaron a Crivella a pagar los sueldos atrasados del sector público.

El segundo municipio de Brasil detrás de Sao Paulo, con casi 7 millones de habitantes, transita una crisis económica que perjudicó, por ejemplo, el pago de salarios de médicos y de empresas tercerizadas proveedoras de los hospitales municipales. De hecho, el municipio anunció que suspendió el pago de la segunda cuota del aguinaldo de los trabajadores locales.

La crisis actual tiene que ver con el cese de pagos desde hace tres meses a las Organizaciones Sociales, como se conoce a las empresas proveedoras de insumos de salas de primeros auxilios y hospitales municipales. Esto generó caos en los hospitales ubicados en las zonas más pobres de Río y hasta un conflicto de Crivella con la TV Globo -competencia de la Record, del autodenominado obispo Macedo-, ya que impidió entrar a las conferencias de prensa a los periodistas de ese medio.

Hay 24 unidades de salud paralizadas y por eso intervino el gobierno federal de Bolsonaro para anticipar recursos del Tesoro Nacional al municipio carioca.

La Defensoría Pública acusa a Crivella de recortar unos 400 millones de dólares del presupuesto de salud desde 2017
 y en la práctica perjudica sobre todo a los programas de atención a las embarazadas en las zonas más pobres, como la norte y la oeste.

La cesación de pagos también tiene que ver con una decisión del tribunal de la justicia laboral que condenó a Río a pagar los salarios atrasados en el área de salud. Pero la gravedad de la situación sorprendió hasta los propios jueces: el embargo determinado por el fallo fue del equivalente a unos 100.000 dólares, pero en la caja municipal de salarios apenas había el equivalente a 55.000 dólares.

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