El nuevo escenario sanitario que transita el departamento Rosario en relación a los contagios comunitarios de Covid-19 obligó a endurecer los controles para que se respete el distanciamiento y el uso del tapabocas.

En ese marco, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) advirtieron que serán inflexibles con aquellos ciudadanos que incumplan con la prohibición de las reuniones familiares y afectivas, que se inició a la cero de hoy y se prolongará por 14 días corridos, según un decreto provincial. En efecto, insistió en que se puede iniciar una causa penal.

La unidad fiscal especial Covid-19 abrió más 1.500 legajos judiciales a personas que transgredieron las normativas desde que comenzó la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria que acarreó la pandemia del coronavirus. Y en las distintas fases se dictaron reglamentaciones provinciales y municipales que hicieron foco primero en la cuarenta, luego en el aislamiento y finalmente en el distanciamiento.

El titular de esa Fiscalía, Gustavo Ponce Asahad, recordó que de esos expedientes ya se resolvieron 100 por vías alternativas, como la probation por el plazo de un año, que contempla un resarcimiento social y económico (entre 5.000 a 15.000 pesos) que se deposita en una cuenta del Banco Municipal para ser destinado a centros de salud de la ciudad, según disposición del fiscal general Jorge Baclini.

Con la circulación comunitaria del virus confirmada oficialmente por las autoridades –quienes pusieron como principal motivo los contagios en las reuniones familiares donde no se cumplieron con los protocolos-, los controles se van a intensificar en relación a esas situaciones, y también por el uso del tapaboca o barbijo en la vía pública.

La articulación de operativos entre la policía provincial y las áreas de control de la Municipalidad se visibilizó ayer en Córdoba y bulevar Oroño (ver aparte). Ese trabajo tendrá correlato punitivo en la fiscalía Covid-19 y la de Contravenciones. La primera con potestad para intervenir en reuniones no habilitadas, y la segunda para tramitar multas a quienes no utilicen barbijo.

“Seguimos con los controles, articulados con agentes de la policía provincial, de Control Urbano y la Guardia Urbana Municipal (GUM). El personal tiene la potestad de labrar el acta de infracción en la vía pública a las personas que no usen el barbijo, y derivarla a la Fiscalía de Contravenciones”, indicó Ponce Asahad.

En esos casos, las multas pueden ir de 700 a 40.000 mil pesos, según advirtió el jueves la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, en base a disposiciones municipales. Desde que el intendente Pablo Javkin decidió también aumentar los controles en la calle, los agentes confeccionaron cerca de 160 infractores a ciudadanos que no tenían tapabocas.

Con el foco en las reuniones sociales, Ponce Asahad recordó y advirtió que hace tres semanas ordenó la detención y formó causa a 180 personas por reuniones sociales o fiestas masivas que excedieron el cupo de diez personas. “Si recibimos una denuncia vamos a actuar en consecuencia, como lo venimos haciendo con aquellos que no respeten las disposiciones”.

Fuente: La Capital de Rosario