La licitación energética más importante que tiene hoy entre manos la Argentina quedó envuelta en un contrapunto que amenaza con detenerla, entre acusaciones de supuesta colusión entre dos empresas italianas, una de las cuales afronta un concurso de acreedores en los tribunales de Roma, según surge de constancias judiciales a las que accedió LA NACION.

La ofensiva la lidera el consorcio de empresas que integra la constructora local Cartellone, que se presentó ante la Justicia federal argentina para denunciar que la Entidad Binacional Yacyretá (EMBY) intenta favorecer a sus rivales de manera irregular y pedir que frene la licitación pública internacional cuestionada.

El contrapunto se centra en la licitación para ampliar la central hidroeléctrica Yacyretá en el río Aña Cuá, un proyecto cuyo costo global ronda los US$350 millones entre obras eléctricas y civiles. Y es en esta última, donde los abogados de Cartellone afirmaron que EMBY escogió al consorcio rival, pese a que una de las empresas integrantes, la italiana Astaldi SPA, afirmó que debería ser excluida de la puja.

La disputa quedó en manos de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Rita Ailán, que ya avanzó dos pasos. Se declaró competente para intervenir tras un dictamen validatorio de la Fiscalía Federal, pero rechazó otorgarle una medida cautelar interina al consorcio de Cartellone y otorgó cinco días a la EMBY para que dé explicaciones antes de definir si detiene el proceso licitatorio.

Desde la EMBY defendieron su actuación ante la consulta de LA NACION, apoyados en un dictamen de su Asesoría Jurídica, que ya rechazó en sede administrativa los reclamos del consorcio liderado por Cartellone y defendió la “valoración concreta y sobradamente fundada” de las ofertas.

Aun así, la batalla judicial que se avecina promete levantar polvareda. Tanto por el monto en danza -solo el tramo civil cuestionado ronda los US$ 194 millones-, por tratarse de un ente binacional compartido con Paraguay, y porque dos de las empresas involucradas en los consorcios en disputa figuran en la investigación penal que comenzó con los “cuadernos de la corrupción”: la propia Cartellone.y la constructora Rovella Carranza.

La firma José Cartellone Construcciones Civiles SA integra el consorcio demandante junto a Malucelli Constructora de Obras SA y Talavera Ortellado SA; mientras que el conglomerado que cosechó el primer visto bueno de la EMBY y ahora afronta los cuestionamientos lo conforman Rovella Carranza SA, Tecnoedil SA Constructora y la italiana Astaldi SPA, la empresa que concentra los dardos.

Según remarcaron los abogados de Cartellone ante la Justicia, Astaldi SPA afronta un concurso preventivo en Roma, lo que debió provocar que la EMBY rechazara su oferta ya que así lo imponía el pliego de bases y condiciones particulares de la licitación que emitió la propia EMBY, en el que vedó la participación de “empresas quebradas o concursadas, mientras no obtenga su rehabilitación”.

Desde la EMBY rechazaron ese primer planteo, más de allá de remarcar que “realiza un estricto seguimiento del estado procesal del trámite del concordato de Astaldi (ante la Justicia italiana), que le ha permitido analizar en forma previa a la adjudicación de la decisión adoptada”.

A los tribunales

A esta primera objeción, el consorcio liderado por Cartellone sumó otra complementaria. Alertó que Astaldi SPA recibió una oferta de la empresa Salini Impregilo SPA para fortalecer su “capital económico y financiero” con una inyección de 225 millones de euros, lo que también contradeciría el pliego licitatorio, ya que Salini Impregilo compitió por la obra como parte de un tercer consorcio y de este modo resultó parte de dos ofertas -en teoría rivales- en forma simultánea.

Desde la EMBY también rechazaron ese planteo por supuesta colusión. Replicaron que la forma en que Salini Impregili participaría en la estructura societaria de Astaldi “no posee aptitud alguna para materializar una situación de hipotética ‘colusión'” y que, por el contrario, la inyección de esos 225 millones de euros implicaría “una mejor solvencia económica de uno de los integrantes” del consorcio que sería adjudicatario de “una de las obras de mayor envergadura e importancia a realizarse en Argentina y Paraguay en los próximos años”.

Ante el rechazo de la EMBY, Cartellone acudió a la Justicia argentina con la esperanza de frenar la adjudicación a la competencia. “De no accederse a la medida cautelar autónoma solicitada -argumentaron sus abogados-, se permitiría dar plena validez y vigencia a una adjudicación que se aparta ostensiblemente de expresas y claras prescripciones del pliego y bases de esta contratación”. Más aún, remarcaron, cuando de continuar el proceso la EMBY adelantaría US$ 19 millones al consorcio que integra una empresa concursada.

Por ahora, sin embargo, la jueza Ailán rechazó suspender la licitación. “No encuentro configuradas circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifiquen el dictado de una medida cautelar interina”, estimó, hasta que la EMBY dé sus explicaciones, en un plazo perentorio de cinco días. Solo luego definirá si detiene o da luz verde al proyecto.