La ministra de Seguridad y Justicia explicó que el criterio determinado por el Poder Ejecutivo provincial es “profundizar la Seguridad Democrática con la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana Integral”. Además, confirmó que “en breve” se resolverá la situación de los efectivos policiales que participaron en los hechos de violencia de Fontana.

Tras el recambio de la cúpula de la Policía de la provincia, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, advirtió que desde el primer día de esta gestión de Jorge Capitanich el mandato pasa por “construir la Seguridad con el respeto irrestricto a las leyes y los derechos humanos”. “Más allá de las circunstancias en las que se fueron los anteriores jefes, nosotros, desde el Ministerio llevamos adelante una política de profundización de la Seguridad Democrática con la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana en su integridad”, explicó.

La ministra expuso que el trabajo continuará en esa dirección y subrayó que, junto a Ariel Acuña, flamante titular de la fuerza de seguridad provincial han llevado a cabo acciones conjuntas ya que éste se desempeñaba como subsecretario de Inteligencia Criminal.

“Hemos hecho un trabajo común enmarcado en los parámetros definidos por el Poder Ejecutivo provincial, que en rigor son los que prescriben las normas vigentes en el Chaco”, aseguró.

Mirada integral

Zalazar expuso que las leyes están en plena vigencia, con lo cual, las autoridades tienen la obligación de seguir sus prerrogativas y esto es lo que se está haciendo con la Seguridad Ciudadana Integral. “Estamos próximos a poner en funcionamiento otros organismo como el del Defensor Oficial y la Dirección de Control Interno, y en esta construcción estamos trabajando con Acuña, ya sea con él en el Ministerio como ahora que le toca conducir la policía”, indicó.

De cara a la puesta en marcha de los organismos, la ministra apuntó que en el corto plazo hay que lograr la reglamentación y la puesta en funcionamiento, y luego articular las acciones ya que van a depender del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Violencia policial

La salida de la cúpula policial que encabezaba Fernando Romero se dio en el marco de un fuerte debate sobre la situación de los uniformados que están siendo investigados por supuestas vejaciones y violencia contra una familia de Fontana. Uno de los ejes de la discusión se instaló en torno a la procedencia de juzgar a estos agentes en función de lo que prescribe la Ley de Seguridad que se encuentra en vigencia o bien en función del régimen que tiene el personal policial.

La ministra explicó en este sentido que todas las normas están enmarcadas en un plexo normativo que tiene como eje fundamental a la Constitución Nacional, los principios constitucionales que allí están establecidos y el respeto a la normativa constitucional internacional y las convenciones incorporadas. “No hay interpretación de ninguna norma, ni administrativa, ni interna ni reglamentaria  que pueda ir en contra de la interpretación constitucional; ese es el paradigma que se crea a partir de 1994”, sostuvo.

En ese marco, advirtió que “no importa cuál es la norma a aplicar, la interpretación debe ser armónica con el plexo constitucional”. “La situación de estas personas va a ser analizada en ese contexto, y hay que recordar que hay un proceso que se tramita a través del Órgano de Control Interno (OCI) y, paralelamente, continúan las actuaciones judiciales”, remarcó.

Zalazar confirmó que “en breve se resolverá la situación de los acusados”, aunque hay que recordar que se encuentran en libertad por una disposición judicial.

Zalazar avizoró lo que será el trabajo de esa cartera en la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir de la jornada de este viernes, cuando, pasado el mediodía  el Ejecutivo Provincial y las Comunas del Gran Resistencia anuncien el inicio de lo que se conoce como la “desescalada” de la cuarentena generada por la pandemia de coronavirus.

Con los cuidados que el caso requiere, y en el afán de evitar anticiparse a los anuncios oficiales, Zalazar contó que se va a trabajar de manera articulada con el Ejecutivo y los municipios para intentar recuperar algunas actividades que hoy están paralizadas sin poner en riesgo la salud de la comunidad.