Un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, reveló un informe actualizado y presentado hoy por el el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El informe fue remitido al Senado, que mañana debatirá el proyecto de interrupción legal del embarazo, para que sus integrantes “cuenten con información rigurosa” sobre la situación, destacaron voceras de la ONG.

El documento fue elaborado sobre la base de datos oficiales relevados desde 2012 hasta la actualidad.

“Le hicimos llegar el documento a las y los senadores, a quienes invitamos a cuidar la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que este informe sea tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión”, dijo a Télam una vocera de CELS.

La investigación reveló que las mujeres criminalizadas “son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias”.

“Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos”, subrayó.

En los procesos penales que se llevaron adelante contra ellas “la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso”, resaltó el CELS.

Las causas se iniciaron “con frecuencia cuando los equipos de salud violan su deber de confidencialidad y denuncian”.

También ocurrió que el pedido de ayuda de familiares, parejas o la misma gestante fue tomado como una denuncia.

“La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud”, señaló el análisis del CELS.

Además, consideró que en los hospitales “la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales”.

“Las intervenciones de las fuerzas de seguridad y del poder judicial están marcadas por el ensañamiento”, añadió.