Mandaban mensajes de WhatsApp y audios a distintos dirigentes políticos del peronismo a los que les recomendaban a dos “operadores políticos”. Los mensajes eran enviados como si fueran Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro. Y las recomendaciones eran para que los contrataran a ellos: Rubén Camargo y Gustavo Laureiro.

Ellos son vecinos de Escobar. Tienen 56 y 61 años respectivamente. Camargo alguna vez fue empleado de la Municipalidad de Escobar. Laureiro trabajó en una época en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Eran amigos, se distanciaron y hace unos años volvieron a verse. Ambos tenían contactos con diferentes dirigentes del Frente de Todos. Ambos fueron procesados por el juez Daniel Rafecas porque se hicieron pasar por el diputado nacional y el ministro del Interior para conseguir –tal como dice la resolución a la que accedió Infobae– “ventajas políticas y económicas”.

La denuncia fue presentada por el ministro del Interior en mayo de 2020 luego de que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, le preguntara cuál era el número de teléfono de Máximo Kirchner. La pregunta se fundó en que había recibido mensajes, teóricamente del diputado del Frente de Todos, para que recibiera a dos personas de su confianza. Había comenzado allí una clásica comedia de equivocaciones, montada para hacer negocios políticos.

El supuesto Kirchner le había dicho a Sáenz que iba a recibir un mensaje de Sergio Lanziani quien fue secretario de Energía hasta agosto de 2020. Sáenz recibió el mensaje de Lanziani que decía que los recomendados por Kirchner también estaban respaldados por de Pedro.

Ante lo informado por Sáenz, de Pedro llamó a Lanziani quien le ratificó que le había mandado un mensaje al gobernador salteño para recomendar a los dos “operadores políticos”. Lo curioso es que Lanziani le dijo a de Pedro que había recibido un mensaje de quien él creía que era de Pedro y que avalaba el contacto. Es decir que de Pedro se enteró que un falso de Pedro había dado su bendición para que a través de Lanziani el salteño tomara contacto con los recomendados.

Cuando de Pedro le explicó a Lanziani que no era él quien le había mandado esos mensajes, el ex secretario de Energía le dijo que había tenido varias comunicaciones con ese número. Y al indagar un poco más se dio cuenta de que el mismo número correspondía a (los falsos) De Pedro y Kichner. Es decir que los impostores habían hablado durante meses con Lanziani.

De Pedro hizo la denuncia que le tocó por sorteo al juez Rafecas quien delegó la investigación en la fiscalía a cargo de Federico Delgado. Se produjeron allanamientos y cruces telefónicos. Cuando pidió las indagatorias de los imputados Delgado había comprobado que las gestiones de los falsos Kirchner y de Pedro habían rendido sus frutos.

Rafecas señaló en el procesamiento que : “Camargo y Laureiro, realizando llamados telefónicos bajo las falsas identidades del Ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, o bien, del Diputado Nacional Máximo Kirchner, simularon tener cierta influencia en el plano político y así, valiéndose de la credibilidad lograda, consiguieron contrataciones y la expedición de credenciales a sus nombres, causando un perjuicio patrimonial en detrimento de las arcas del estado, puesto que, a tales fines, se realizaron las consecuentes erogaciones y se dispusieron los recursos correspondientes”. Y agregó: “Como se ha visto, la contratación de Rubén Martín Camargo supuso una disposición patrimonial, por parte de la Municipalidad de Zárate y en favor del nombrado, de un total de $ 1.228.104,09; esto, durante el período comprendido entre el día 29 de abril de 2020 y el día 29 de junio de 2021. A su vez, la contratación de la consultora de Gustavo Laureiro implicó una disposición patrimonial por parte de la Agrupación Municipal Nuevo Zárate de un total de $ 800.000”.

Los impostores fueron procesados sin prisión preventiva por el delito de defraudación a la administración pública. El artículo 174 de Código Penal en su incido quinto señala que: “Sufrirá prisión de dos a seis años: El que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”. Además Rafecas les fijó un embargo de $ 1.000.000.