El secretario General de la UOCRA, Ariel Ledesma, admitió que “hay una necesidad” pero consideró que la solución “no son las usurpaciones”. “Son 43 los obreros que se quedan sin trabajo y 120 las personas afectadas indirectamente”, detalló. En tanto, el diputado Nicolás Slimel indicó que “hay un proceso judicial en marcha por lo que es fiscal debe actuar de manera urgente”.

En una conferencia ofrecida durante la mañana de este jueves, representantes de los obreros de la construcción, empresarios, funcionarios y legisladores expresaron su preocupación por las usurpaciones registradas en El Espinillo y pidieron la “urgente” actuación de la Justicia para resolver la compleja situación. “Desde UOCRA repudiamos este tipo de hechos vandálicos de usurpación como los ocurridos en El Espinillo, con el temor además de que se repliquen este tipo de acciones”, aseguró el secretario General del gremio, Ariel Ledesma, tras el encuentro con los medios en declaraciones a Radio Provincia.

Participaron de la rueda de prensa representantes de la Cámara de la Construcción, del Centro de Empresas Constructoras, de la Apymec,  y el diputado provincial del Frente de Todos Chaco, Nicolás Slimel; el referente de la Gerencia de Empleo de la Nación, Santiago Maidana; y el representante del gremio del IPDUV, Ariel Villagra. El secretario General del sindicato admitió que si bien “existe una necesidad”, y por eso está en marcha la ejecución de viviendas en todas las localidades, “el acceso a las mismas debe hacer en forma legal y como corresponde”.}

Metodología incorrecta

Ledesma consideró que la usurpación “no es la manera” de hacerse cargo de una vivienda. “Acá en El Espinillo, tenemos 43 obreros bancarizados y formalizados que ahora quedarán sin trabajo, pero indirectamente serán 120 las personas que van a estar sin actividad, con lo que eso implica para la economía del pueblo”, subrayó.

En esa línea, recordó que “con el trabajo formal se eleva el nivel de vida en las localidades, pero esto no está ocurriendo, la Justicia está muy lenta y no acompaña las acciones que impulsa el gobernador, Jorge Capitanich”. “Con usurpaciones como estas, las empresas tienen miedo y no quieren trabajar, nosotros pedimos que mantengan los puestos de trabajo, pero existe el riesgo cierto de perder todo esto”, lamentó Ledesma.

El referente sindical remarcó que “hay un fiscal trabajando” pero aseguró que “los tiempos de ellos no nos los mismos que los nuestros; de no llegar a una solución el hilo volverá a cortarse por lo más delgado y ese siempre es el obrero”. “Queremos que todos los ministerios y los funcionarios judiciales se pongan a trabajar: el Gobierno está llevando adelante obras trascendentales para la provincia pero hay gente que no está a la altura de las circunstancias”, sentenció.

Intervención urgente

Por su parte, Slimel se plegó al “repudio” de las usurpaciones teniendo en cuenta el impacto que negativo que generan en tiempos en que el Gobierno intenta “mantener la obra pública, no cortar la cadena de pagos y continuar profundizando con el desarrollo en toda la provincia”. “Hoy tenemos no sólo la usurpación de las viviendas sino también robos de distintos bienes que estaban siendo utilizados para la ejecución y eso siempre genera una gran preocupación”, sumó.

Slimel recordó que hay un proceso legal en curso, que se inició tras la denuncia realizada por las partes, por lo que consideró que “el fiscal de Garantías debe actuar de manera inmediata, convocando a las partes para lograr un desalojo pacífico o, en caso contrario, aplicando las facultades que le otorga la ley”.

El legislador remarcó que “el gobernador, Jorge Capitanich está al tanto de todo, estamos trabajando pero muchas veces nos encontramos con posturas intransigentes que son difíciles de revertir”. “Entendemos que hay una necesidad en materia habitacional, pero cuando las acciones se realizan con cierto tinte político, no es lo que corresponde y eso es lo que realmente nos preocupa”, analizó Slimel.