A 25 años del atentado a la AMIA
En una carrera contra reloj el Gobierno afina en estos días los detalles técnicos de un decreto presidencial que estaría destinado a crear un Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (RENAPOST) con el doble propósito de dar una señal a la comunidad judía el 18 de julio cuando se cumplirán 25 años del atentado contra la AMIA y, al mismo tiempo, responder a un planteo que viene haciendo desde hace tiempo la administración norteamericana de Donald Trump en la región.
Solo en contadas oportunidades el gobierno de Macri, por medio de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), hizo uso de un decreto 918/2012 que viene de la época de Cristina Kirchner y que faculta al Poder Ejecutivo a llevar adelante el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal con el fin de proteger la integridad del orden económico financiero, así como la paz y seguridad internacional, conforme a normas y estándares internacionales.
Así fue como el año pasado la UIF dictó el congelamiento de bienes y cuentas de los integrantes del grupo Barakat en la Triple Frontera, una organización criminal vinculada a Hezbollah.
Sin embargo, la intención del Gobierno es crear ahora por decreto el RENAPOST para ampliar el marco de investigación de agrupaciones que hoy no pueden ser perseguidas por impedimentos legales.
“La creación de un registro de personas y grupos sospechosos de terrorismo se sustentarán en resoluciones judiciales, pedido de otros países o el trabajo de inteligencia”, dijo a Infobae un encumbrado funcionario del Gobierno que trabaja en la elaboración de este delicado mecanismo legal por decreto.
Esta idea se empezó a figurar en la mesa de acción contra el terrorismo que comparten el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Cancillería, la Dirección de Migraciones, la Aduana y la AFIP.
