El arsenal acotado con el que cuenta el Poder Ejecutivo incluye fideicomisos por consenso para trigo y aceite y retenciones para desacoplar precios locales de los externos. Los empresarios de consumo masivo temen nuevos congelamientos forzosos

A pocas horas del inicio de la guerra contra la inflación que anticipó el presidente Alberto Fernández, el Gobierno aún no tiene definido con qué arsenal contará para combatir una suba de precios en febrero ni qué tan efectivo pueda ser ante un movimiento de precios que superó cualquier expectativa del sector privado y el propio Ejecutivo. En las últimas horas se intensificaron los contactos cruzados entre los tres ministerios y una secretaría de Estado que conjugan las medidas de política económica.

Hay una serie de elementos para considerar a la hora de analizar la estrategia que terminará poniendo en marcha el Poder Ejecutivo. Hay tres generales y un teniente al mando de la división de política de precios, con incidencias y niveles de autoridad variados. En el primer grupo están los tres ministros (de Economía Martín Guzmán, de Desarrollo Produtivo Matías Kulfas y de Agricultura Julián Domínguez), por debajo de Kulfas en el organigrama está Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior.

Los tres ministros fueron los más reticentes a poner sobre la mesa una opción que consideran excepcional como una reajuste de los derechos de exportación, incluso en dos productos agropecuarios que el Gobierno intentó diferenciar de la producción primaria sin intervención industrial. Bajo esa lógica la harina y el aceite de soja, productos derivados del poroto, tienen -al menos hasta que se formalice un aumento- alícuotas más bajas que el cultivo, para favorecer a los bienes con valor agregado.

Sin ir más lejos, el ministro Domínguez había asegurado hace apenas 13 días -ya iniciada la guerra en Ucrania y con precios internacionales en alza- que no se incrementarían los derechos de exportación, un diagnóstico que también compartían, a micrófono apagado, en otras áreas del equipo económico. La persistencia de la suba de en los valores globales y un impacto que el Gobierno asegura que se registra desde hace tres semanas en las góndolas locales hicieron cambiar el escenario y la opción de las retenciones apareció con fuerza.

Feletti, en los papeles con un rango de autoridad menor a los tres ministros, pero con terminal política en la vicepresidenta Cristina Kirchner, presionó en público en las últimas semanas con medidas más duras para edificar un dique de contención a los precios. Fue, además, el único funcionario que admitió abiertamente que el Gobierno estaba perdiendo “la batalla” -anticipó así las metáforas bélicas de Alberto Fernández– contra la suba en algunos alimentos.

El tira y afloje entre las cuatro terminales de decisión de políticas económicas que inciden en los precios terminó por favorecer, en primera instancia, la postura del secretario de Comercio Interior. Guzmán habló en las últimas horas de que si el Gobierno no tomara medidas sobrevendría “un shock profundamente regresivo”, en referencia a un incremento aún mayor de precios. Kulfas, en estos días en una misión oficial en Dubai, mantuvo el silencio- y Domínguez endureció su postura ante los exportadores de carne, que amenazaron con retirarse del acuerdo de precios de cortes populares.

La primera iniciativa en la “guerra” contra la inflación pareció tomarla ayer por la tarde Feletti. Por la tarde, reunió a un grupo de funcionarios de todo el país en el noveno piso del Ministerio de Desarrollo Productivo para celebrar el “día de los derechos del consumidor”. Minutos después el Indec revelaba un 4,7% de inflación en febrero y la suba de alimentos más alta en cinco años.