En el marco de la lucha contra el coronavirus y en pos de brindarles mayor seguridad y protección a médicos, enfermeras y todo trabajador de la salud y aquellos que estén comprendidos en los servicios esenciales, la diputada del bloque justicialista Jessica Ayala impulsa un proyecto para modificar la ley número 850-J del Código de Faltas del Chaco.

En su iniciativa parlamentaria la legisladora Jessica Ayala, solicita que la reforma de la ley  que incluye el artículo 66 Bis, se sancione con trabajo comunitario de diez a treinta días o multa equivalente desde 3500 hasta 20 mil pesos, a toda aquella persona que incurra en “actos discriminatorios, amenazas o ataques de cualquier índole contra trabajadores de la salud, u otros trabajadores declarados esenciales por la autoridad pública, cuando el motivo del acto discriminatorio, la amenaza o  la agresión se fundaran en haber estado en contacto con personas infectadas o casos denominados sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, o porque su tarea se desarrolla o presumiblemente se desarrolla en espacios donde puede tener contacto con enfermedades contagiosas”.

“FALTA DE SOLIDARIDAD”

La autora del proyecto señala entre sus fundamentos que su interés de convertir en ley una sanción para los agresores es después de “los casos producidos en los cuales esos trabajadores  se vieron agraviados con motivo del servicio que prestan en estos momentos aciagos, siendo que a muchos de ellos se les ha pedido incluso que se retiren de su propia residencia, debido a que sus vecinos temen ser contagiados”.

La diputada Ayala afirmó: “Nos parece una falta total de respeto y una falta de solidaridad con quienes salen todos los días a enfrentar la pandemia, exponiendo su propia salud y la de sus familiares convivientes”.

La diputada sostiene que de esta manera se busca  “brindarles alguna protección jurídica adicional, contribuyendo en la seguridad con que deben prestar sus servicios y abonando la conciencia de la importancia que tienen sus roles en la sociedad, hoy vitales para toda la comunidad”.

NO ESTIGMATIZAR

Ayala asegura que con un marco legal “es una manera de combatir la estigmatización que sufren hoy esas personas, a quienes no solo les estamos pidiendo que se expongan al contagio para preservar el funcionamiento de servicios esenciales para toda la sociedad, sino que además están siendo agredidas por el cumplimiento de ese trabajo esencial”.

Y agrega: “No podemos tolerar nunca la discriminación, la agresión ni la amenaza por el motivo que fuera, pero mucho menos podemos hacerlo cuando se ejerce con desdén absoluto de la imprescindible solidaridad que es el valor primordial que necesitamos para enfrentar la enfermedad que nos acecha como sociedad”.