Estaban en un predio de 460 hectáreas que fue allanado el mes pasado por la Bonaerense tras la denuncia de una ONG. Aún investigan la procedencia de los equinos y rastrillan otras propiedades.

Más de 50 caballos muertos. La cifra es el resultado del conteo que realizan los grupos animalistas que trabajan en el predio donde más de 400 yeguas y caballos acopiados fueron encontrados hace dos semanas en un lote de 460 hectáreas de Tristán Suárez, en Ezeiza, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sucedió tras un allanamiento ocurrido a fines del mes pasado a cargo de la Policía Bonaerense luego de que una mujer elevara una denuncia al Ministerio de Seguridad donde aseguraba lo que más tarde se comprobó: animales desnutridos, maltratados y presuntamente robados. 25 ya habían muerto al momento del allanamiento; otros 20 perdieron la vida en los días sucesivos.

El cálculo de animales fallecidos corresponde a las ONG Centro de Rescate y Rehabilitación Equino (CRRE) y Caballos de Quilmes, especializados en esta especie, comenzaron los trabajos sanitarios pertinentes para recuperar la salud de los animales seriamente afectados: más de 100 estaban desnutridos.

¿El trasfondo? Se sospecha que el predio era un centro de acopio de caballos robados que luego serían vendidos para usarlos en la tracción a sangre o para la faena equina que luego se exporta a Europa. Esto ultimo fue denunciado hace unos meses por una coalición de ONGs internacionales.

Así, las voluntarias de los grupos animalistas comenzaron a pedir ayuda para lidiar con los gastos que implican el rescate de los caballos. Los abogados de esos grupos se presentaron como particulares damnificados en la causa por maltrato animal e infracción a la Ley  14.346 contra Raúl Edgardo Onorato y su hijo, del mismo nombre. El juez de garantías, Horacio Hyrb, denegó la prisión preventiva que la fiscal María Eugenia Garrido pidió para que los sospechosos.

“Ser particular damnificado significa formalmente haber sido designados como los ofendidos por el delito en investigación. Lo que nos transforma en los defensores de todos los animales victimas en ese predio”, informó el CRRE en su página sobre la aceptación de los abogados Andrea López y el abogado Leonardo Barnabá.

En referencia al estado de los caballos, la ONG aseguró que “recién el martes pasado empezaron a separar a los ejemplares y hacer los primeros análisis.  La investigación es larga y compleja porque otra de las incógnitas es descifrar de dónde viene cada uno. ¿Con qué objetivo los acopiaban? Para los rescatistas no hay dudas: “La faena y la exportación de la carne para ser consumida”.

Por su parte, el abogado Barnabá, dijo a Infobae que “se están haciendo las reseñas para identificar a cada uno de los caballos” y admitió no comprender “cómo la Secretaría de Agroindustria y SeNaSa desconoce lo que pasaba en ese predio y por qué no se acercaron a ver qué pasaba” ya que los vecinos de un country cercano habían manifestado lo que allí ocurría.