Dentro de los próximos 60 días las fuerzas federales de seguridad contarán con el primer lote de pistolas electrónicas Taser que pasarán a formar parte de su dotación para contar, según afirman las autoridades del área, con un medio no letal a la hora de realizar detenciones de personas que estén en situación de poner en peligro a terceros o a sí mismos en contextos de alta concentración de público, como en andenes ferroviarios, vía pública o terminales aeroportuarias.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron hoy que concluyó la licitación pública internacional lanzada en abril para la adquisición de 100 pistolasTaser X-26 con 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación. El costo total de la operación, que resultó adjudicada a la empresa Axon, es de 5.285.000 pesos.

El precio por unidad, según se especificó, es de 862 dólares. Originalmente, el monto cotizado por la propia Axon previo a la licitación fue de 12.181.000 pesos por el lote total de componentes, y de US$1663,20 por cada pistola. “Se logró un ahorro del 48,17% en el precio final de las Taser”, dijeron fuentes de la cartera dirigida por Patricia Bullrich.

Según informaron fuentes del Ministerio, “A principios de 2018 se impulsó la idea del uso de dispositivos eléctricos de incapacitación temporaria para el uso policial, con el claro objetivo de permitir abordar situaciones operacionales en las que resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego. Es un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”.

El 2 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución 395/2019, firmada por Bullrich, en la que se permitió a las fuerzas federales la utilización de “armas electrónicas no letales”.

Esa resolución abrió una polémica más ideológica o política que fáctica, similar a la que, oportunamente, había estallado hace casi una década, cuando el Presidente Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño e intentó dotar a la entonces Policía Metropolitana de estas mismas pistolas. En esa ocasión se presentaron amparos en contra de tal medida y finalmente el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad no encontró objeciones para su utilización por parte de las fuerzas públicas de seguridad.