Según se informó, el ex magistrado tiene a su disposición efectivos de gendarmería y de la policía federal.

Carlos Rozanski presentó su renuncia como juez en octubre de 2016. Tenía a su cargo, hasta ese momento, la presidencia del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, y su dimisión estuvo enmarcado en un proceso iniciado en su contra en el Consejo de la Magistratura por presunto “mal desempeño” de sus funciones. Hoy, a más de cinco años de aquel momento, un informe periodístico reveló que el Gobierno destina 700 mil pesos por mes en la custodia personal del ex magistrado.

Según se informó, tiene a su disposición efectivos de gendarmería y de la policía federal, aunque su seguridad no está en riesgo, de acuerdo consignó el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para todos (PPT).

Rozanski se desempeñó por más de 15 años como presidente del TOF 1 de la Plata que desde el 2006 estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, como el que en 2006 condenó al represor Miguel Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Durante sus últimos años en función, sin embargo, acumuló denuncias ante el Consejo de la Magistratura por el supuesto destrato a sus empleados, acoso moral, selección de expedientes para su tramitación en detrimento de otros, exceso de licencia, y dilación de causas, entre otras. La presentación había sido iniciada por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato.

En aquel momento, el todavía entonces juez cuestionaba una supuesta influencia del Poder Ejecutivo, a cargo de Mauricio Macri por aquellos años, para avanzar en una de esas denuncias en su contra y vinculaba las “persecuciones” y “presiones” al avance de los juicios de lesa humanidad sobre “las complicidades civiles” con la dictadura militar.

El decreto 1143/2016, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Macri y el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, oficializó su dimisión. “Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2016, la renuncia presentada por el señor doctor Carlos Alberto Rozanski al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires”. Cumplido este proceso, el magistrado pudo iniciar los trámites para la jubilación.

Esta medida del gobierno de Cambiemos había sido cuestionada por, entre otros, un dirigente del entonces propio oficialismo como Pablo Tonelli, miembro del Consejo de la Magistratura. “Cuando se acepta la renuncia a un juez cuestionado, mucha gente cree que es una mala decisión, que hay que seguir adelante con el juicio, pero hay razones prácticas que aconsejan aceptar la renuncia”, señalaba.

En una columna de opinión publicada en Infobae en noviembre de 2016, el propio Piumato calificaba a Rozanski como un personaje “que embaucó a algunos ingenuos y causó un daño terrible a la causa de los derechos humanos, al personal subyugado y difamado durante años, a sus propios colegas y a todos los que luchamos por la Justicia que reclama nuestra comunidad”.

“No sabemos con qué criterio se evaluaron sus antecedentes para terminar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) nº 1 de La Plata. En su paso por la Justicia de Río Negro como juez de Familia dejó una oscura impronta en toda la comunidad judicial rionegrina que también hubiera salido a la luz en el Jury”, agregaba Piumato en su texto.

Y sostenía: “Una vez que juró en el TOCF nº 1, operó maquiavélicamente para sacarse de encima a colegas que pudieran ‘opacarlo’ en la labor jurisdiccional. En esa lucha contra sus colegas intentó comprometer al personal, al intimidarlo con un binario: ‘Están conmigo o están en mi contra’. Como correspondía, los empleados respondieron que estaban al servicio del tribunal y que respetaban a todos los magistrados por igual. ‘Bienvenidos al infierno’ fueron las palabras de Rozanski. A partir de allí, comenzaron a sufrir un calvario que se extendió hasta el día de su renuncia”.