Dos condenados comenzaron a devolver plata de la corrupción

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Dos ex síndicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -el ex PAMI- comenzaron a cumplir con su compromiso de pagar cerca de 500 mil pesos por la condena que recibieron en 2015 en una causa por corrupción junto al ex titular de ese organismo Víctor Alderete.

Se trata de Carlos Alberto Morán y Fernando Dapero que recibieron una pena de un año y ocho meses de prisión y la imposibilidad de por vida a ejercer cargos públicos. También acordaron con la fiscal Gabriela Baigún devolver dinero. Morán se comprometió a pagar 96 mil pesos en 24 cuotas mensuales de cuatro mil pesos cada una. Y Dapero prometió devolver 400 mil pesos en cuatro cuotas mensuales de 100 mil pesos.

Fue parte del acuerdo del juicio abreviado en el que los ocho acusados del caso reconocieron su responsabilidad en los hechos de corrupción y acordaron una pena y así evitaron el juicio oral. Las condenas quedaron confirmadas el mes pasado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando rechazó las últimas apelaciones de los acusados y así se comenzaron a cumplir.

Alderete bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica por su edad, tiene 86 años, y por su estado de salud -el resto de los condenados recibieron penas que no son de cumplimiento efectivo- y Dapero y Morán comenzaron a devolver el dinero.
Morán pagó sus primero cuatro mil pesos a principio de mes y el 7 hizo lo mismo Dapero con su primer depósito de 100 mil pesos. El dinero quedó en una cuenta del Banco Nación de la República Argentina (BCRA) que está a nombre del Tribunal Oral Federal 6, que fue el encargado del juicio abreviado.
El destino del dinero serán las arcas del Poder Judicial de la Nación ya que la 23.853 califica como recursos propios de la justicia todo lo que se decomise en una causa penal. El acuerdo entre la fiscal Baigún y los ex sindicos había sido que el dinero tenga un fin social.
Los ex síndicos Dapero y Morán fueron condenados porque en su función no objetaron ni controlaron las contrataciones que el PAMI hizo con sobreprecios, lo que era una obligación legal para ellos por una resolución del Ministerio de Bienestar Social. Concretamente por los contratos para la impresión del libro “Pami, una transformación necesaria”, por la compra de 40 mil libros y por pagarle 400 mil dólares a una empresa por servicios que nunca dio. Ellos aceptaron que no cumplieron con esa tarea y fueron condenados por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

 

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