La cadena, cuyos nuevos dueños compraron a mediados de 2020, ya no tiene locales abiertos y aseguran que “con las dimensiones que tiene es inviable”.

La cadena de electrodomésticos Garbarino envió hoy 1.800 telegramas de despido a sus empleados en el marco de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales de todo el país. Tras un pedido de la Federación de Empleados de Comercio al Gobierno para evitar los despidos, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días.

La resolución oficial obliga a ambas partes a poner la situación en suspenso. Durante las próximas dos semanas, el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa. A la vez, Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones durante ese plazo.

La situación de la cadena es crítica; “dramática”, según los empleados. La cadena paso hace más de un año a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, quien se quedó con la empresa de la tradicional familia que le dio nombre a la compañía.

Rosales nunca pudo remontar el negocio y luego llegaron la pandemia y la crisis. Hoy todos los locales de empresa están cerrados y desde hace ocho meses los cerca de 3.800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.

Luego de meses de negociaciones, en abril pasado se cayó la venta del único interesado firme en comprarle la compañía a Rosales, quien a menos de un año de adquirirla buscó desprenderse de ella. El interesado era Facundo Prado, presidente de la operadora de televisión por cable e internet Supercanal Arlink y CEO de la empresa Centrocard.

Despidos

“Hoy hubo una lluvia de telegramas para todos lados, desde la mañana no paran de llegar. Es ilegal lo que están haciendo. Ayer estuvimos con el ministro Matías Kulfas y esto ya pasó con los compañeros de Compumundo. El Gobierno concuerda que esto es ilegal y ya pedimos la conciliación y la intervención de Trabajo. La situación está muy complicada con Rosales, el dueño de la empresa, que la quiere reflotar con argumentos irrisorios. Él nunca habló con los trabajadores, dijo que iba a mantener todo y no tuvimos más certezas. La compró y luego nos enteramos de que quiere que sea una especie de Mercado Libre”, aseguró Érica Salazar, delegada de Empleados de Comercio Zona Oeste (Seoca) y de la sucursal de la cadena en el shopping Plaza Oeste.

Según la delegada, además de cerrar todas las sucursales, la empresa no paga alquileres, salarios, servicios, ni los despidos. “No sabemos si nos van a echar a todos o no habiendo un DNU que los prohíbe. A mí no me llegó nada, pero sí a muchísimos compañeros. No sabemos nada, ni lo que ellos quieren hacer. No hay certeza de nada. Nos deben ocho meses de sueldos, además”, destacó Salazar.