Impuesto a la riqueza: analizan aplicar un freno

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El presidente empezó a dar un discreto giro en su gestión, apelando a una mayor racionalidad económica. La carta de Cristina Kirchner, además, parece haberle dado mayor margen de maniobra. Pero el tiempo apremia porque el Banco Central se queda sin reservas para intervenir en el mercado.

A fuerza de controles, el Gobierno consiguió una tregua en el frente cambiario. En la semana se registró una caída de 25 a 30 pesos en los dólares financieros, pero aún resulta insuficiente. Con una brecha que continúa arriba del 90%, cualquier esfuerzo por equilibrar el mercado de divisas terminará en fracaso. Por eso, el objetivo es aprovechar este descanso en medio de la crisis cambiaria para dar señales que ayuden a mejorar las expectativas.

El Gobierno cayó en la cuenta de que no hay margen para dar pasos en falso. La situación sigue siendo extremadamente delicada a pesar de la caída del contado con liquidación y el libre. Reportes del cierre de semana de Consultatio o Invecq calcularon que las reservas líquidas en “poder” del Banco Central son negativas en más de USD 2.000 millones.

Es decir, se está rascando el fondo de la olla para vender dólares en el mercado cambiario, abasteciendo como se puede a los importadores, a empresas que precisan pagar deuda y a los pocos que todavía pueden comprar dólar ahorro.

Pero, además, los últimos datos del balance cambiario del Central muestran que prácticamente se está evaporando el ingreso de divisas por superávit comercial, uno de los activos que aún podía mostrar el Gobierno.

En una situación tan delicada, la decisión de no devaluar no puede ser sólo declamativa. Hay que ayudarla con señales, un rumbo claro y hechos concretos.

El aporte solidario, también conocido como impuesto a la riqueza, es uno de los temas que se analiza con más detenimiento por estas horas en Casa Rosada. Alberto Fernández lo defendió públicamente, pero nunca estuvo convencido de su verdadera utilidad. Pero ahora el Presidente estaría decidido a “cajonearlo”. No tiene que hacer ningún anuncio público: basta con que no se trate durante noviembre, el último mes de sesiones ordinarias en el Congreso.

No fueron sólo los banqueros. También los industriales y el campo le sugirieron que no avance con este gravamen, debido a que provocaría un duro impacto a aquellos que apostaron por invertir en el país. La lacónica respuesta que en su momento les dio Alberto Fernández fue: “Hablen con Carlos Heller”, el diputado y presidente de Banco Credicoop, que impulso la iniciativa junto con Máximo Kirchner.

Varios ministros del ala económica también le explicaron al Presidente sobre la inconveniencia de avanzar con esta iniciativa. Concluyen que tendrá muchos más costos que beneficios. Si bien a corto plazo generaría una recaudación adicional (supuestamente por única vez), la señal sería tan negativa que provocaría presión adicional sobre el tipo de cambio y consolidaría un fuerte clima “anti inversión”.

Además, el Gobierno podría quedar expuesto a un fuerte revés judicial y a una suerte de rebelión fiscal. Casi todos los tributaristas de la Argentina coinciden en que un gravamen de estas características es confiscatorio, es decir avanza de manera inconstitucional sobre el patrimonio de las personas.

El propio Alberto Fernández impulsó ni bien asumió un importante aumento del impuesto a las Bienes Personales, que pasó de 0,75% a un máximo de 2,25% en el caso de activos en el exterior. Ya ese impacto de por sí era enorme. Pero agregar el denominado “impuesto a los ricos” equivale a casi triplicar esa presión sobre el patrimonio. No hay un solo país en el mundo que aplique semejante presión en apenas un año.

Con todo, parte del daño ya está hecho. Muchos hombres de negocios ya apuraron su salida de la Argentina y establecieron residencias fiscales fuera del país para escaparle a este impuesto o simplemente no seguir sometidos al yugo del fisco argentino. Detener este éxodo se vuelve algo acuciante, no sólo desde el punto de vista tributario sino también como señal para futuras inversiones.

El proyecto tuvo dictamen de comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, pero todavía no hay fecha para su tratamiento. Además, también se dio marcha atrás con la idea inicial de votarlo el mismo día que el proyecto de Presupuesto 2021. La semana pasada la iniciativa recibió media sanción en Diputados, pero el nuevo impuestazo brilló por su ausencia, lo que resultó un indicio en relación a la orden de dejarlo en “stand-by”.

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