El pleno ejercicio del derecho a la información es fundamental en una sociedad democrática, sin embargo, en esta provincia es moneda corriente que el mismo se vea truncado por funcionarios que hacen gala del ocultamiento o la manipulación de la información. Tal es el caso de los funcionarios del Ministerio de Educación que ante el pedido concreto de Federación SITECH sobre todo lo actuado en el año 2019 en relación a la presentación de presuntos postítulos apócrifos en la Junta de Nivel Primario de Sáenz Peña, dieran una apariencia de respuesta que no hace más que demostrar la intencionalidad manifiesta de “ocultar” su inacción frente a los hechos planteados.
En este sentido, resulta totalmente irracional la respuesta del Director de Asuntos Jurídico Miguel Aguirre Hayes quien afirma en su nota a esta Federación que todos los docentes “involucrados” (más de 30) en la presentación de  posibles postítulos apócrifos en el año  2019 no tenían relación de dependencia con el estado provincial (no tenían cargo alguno) al momento de cometerse el hecho, respuesta con la que claramente pretenden justificar la inacción del Ministerio para determinar responsabilidades sobre lo acontecido y que constituye un antecedente gravísimo para el presente año en el que están implicados aproximadamente 1500 docentes por presunta presentación de postítulos “truchos”. Sobre esto último, cabe recordarle al Ministro que en el seno de la paritaria aseguró que en un mes terminarían las investigaciones administrativas, cuestión esta que claramente no cumplió y que evidentemente tenía como único objetivo justificar la ficcional “reprogramación” de los concursos de primaria, Biblioteca e Inicial.  
Por otra parte el hecho de no estar en situación de dependencia, cuestión esta que ya decimos es falso y vamos a solicitar informe a la Dirección de Unidad de Recursos Humanos, de ninguna manera justifica la inacción del estado, como así tampoco inhabilita el derecho y el deber que tiene el Estado de determinar la responsabilidad de aquellos docentes que se inscriben en las distintas Juntas de Clasificación con documentación que puede ser apócrifa, independientemente del modo de cómo se aplique la sanción. En este sentido, la propia Junta reconoce que no es veraz el informe del abogado ya que tenían conocimiento de que gran parte de los afectados estaban en ejercicio al momento de cometerse el hecho.
Por otra parte, la mención por parte del Director de Asuntos Jurídico Miguel Aguirre Hayes del artículo 9 inciso K sin especificar la ley es absolutamente absurdo,  ya que creemos hace referencia a la Ley Nº 1774-47-B de Acceso a la Información Pública -anterior Ley Nº 6431- y su Decreto Reglamentario Nº 685/17  en la que en su artículo 9° inciso K expresa: “No se suministrará información…Cuando pudiere ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”, en este punto sería bueno el letrado explique cuál sería el peligro de vida que corren las personas involucradas en la presunta presentación de documentación apócrifa, o es simplemente una maniobra de ocultamiento para no quedar expuesto de que desde el 2019 a la fecha no han tenido la mínima voluntad de investigar y por lo tanto esgrimen fundamentos infantiles y ridículos sin el más mínimo sustento.    
En relación al último párrafo de la respuesta del Ministerio  en la que expresa “Respecto a la cuestión en Sede Penal, el MECCyT no tiene facultades como Organismo Público del Estado Provincial a instar los procesos en forma autónoma, solo de interponer denuncias…”, recordamos que los que hicieron la denuncia ante la Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña fueron los miembros de Junta de Clasificación de Federación SITECH y el Ministerio se lavó las manos desde el primer momento, actitud que mantiene y queda de manifiesto en la inconsistente respuesta del Director de Asuntos Jurídicos al requerimiento de este sindicato.
Evidentemente,  estamos ante la presencia de un Ministro  que no tiene ni la capacidad, ni la voluntad para resolver cuestiones tan sentidas como es el hecho de la posible falsificación de postítulos,  dicho sea de paso denunciado por este sindicato como un negocio millonario, que el Ministerio junto con dirigentes gremiales se ensañan en mantener a la par que destruyen la carrera docente y extorsionan a la docencia para que sigan poniendo dinero contante y sonante a cambio de sumar puntos y posicionarse en un lugar privilegiado en las listas de orden de mérito.
En este camino, todo indica que los concursos de traslado, ingreso y reincorporaciones SUSPENDIDOS bajo la entelequia de la “reprogramación” no se efectuarán en el presente año, ya que por el lado de la justicia, cuando un abogado logra sacar  una cautelar  a sabiendas que la cuestión de fondo es insostenible,  no mueven más el expediente, vieja maniobra utilizada por algunos letrados vendedores de espejitos de colores;  y, por el camino administrativo el panorama no es muy distinto, al margen de la palabra -si bien devaluada- del Ministro quien estableció el plazo de un mes para resolver y claramente nada paso.
En conclusión, en la provincia del Chaco el acceso a la información es sólo un espejismo, una utopía de quienes aún creemos que las leyes se cumplen y este sindicato ya ha recurrido a la justicia cuando en la gestión de la ex Ministra Mosqueda se negaban a brindar la información solicitada, práctica que el actual Ministro Lineras repite a la perfección.