Luego de dos faltazos, Sandra Mayol acudió al cuerpo legislativo local pero sólo luego de que le adelantaran las preguntas. Leyó una carta abierta, se defendió y no aceptó repreguntas de los familiares de víctimas de la masacre.

A dos meses de la Masacre de Monte, la intendenta Sandra Mayol concurrió al Concejo Deliberante, que la había citado para ser interpelada ante familiares de las víctimas –cuatro fallecidas y una sobreviviente—de la trágica persecución policial. Mayol, que había faltado en dos ocaciones , la primera el 27 de junio, se presentó luego de que los ediles le adelantaran las preguntas que iban a formularle, a las que respondió por medio de una “Carta abierta” que leyó en la sesión.

Luego de asegurar que la investigación judicial habría demostrado que “no existe nada que deban reprocharme”, citó a su favor declaraciones periodísticas que la avalan, dichas por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, cuestionados por este y otros hechos de violencia institucional a manos de la policía bonaerense.

“No está a la altura de las circunstancias”

Como no pudieron decírselo personalmente en la sesión del cuerpo legislativo, en otra Carta Abierta, los familiares respondieron que tras el encuentro, cara a cara con Mayol, llegaron a la conclusión de que “una campaña electoral resulta más importante que asumir las responsabilidades frente a un hecho gravísimo”, en lugar de “reconsiderar cómo se gestionan las políticas de seguridad del pueblo, respetando los derechos y los ciudadanos. Con dolor vemos que no se está a la altura de las circunstancias”.

La intendenta afirmó que el Concejo Deliberante tenía que haber tratado el tema “en comisión”, es decir a puertas cerradas, sin dar participación a los damnificados por la masacre del 20 de mayo, en la que murieron Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal, y en la que sufrió gravísimas heridas Rocío.

Aunque eso no está dicho en ninguna resolución judicial, Mayol aseguró que ella es “un testigo vital en la causa” y que su “aporte de evidencias trascendentes a la investigación han permitido detener a los responsables”, en alusión a los doce policías que estaban bajo su mando y a su ex secretario de Seguridad, el oficial retirado Claudio Martínez, todos con prisión preventiva por homicidio agravado, lesiones agravadas, encubrimiento y adulteración de documento público.