Ante la resolución 1050 que publicó el Gobierno y que contempla precios fijos hasta enero, con bajas de hasta 50% respecto de los valores actuales, las compañías preparan su estrategia legal y comercial. El Gobierno comenzó a convocar individualmente a las compañías.

Publicada ya la resolución 1050 que congela los precios de 1.432 productos de consumo masivo con valores hasta 50% más bajos que los actuales, las empresas del sector comenzaron a analizar qué estrategia encararán a partir de ahora, no sólo en la negociación con los supermercados y distribuidores, sino también en materia legal contra la norma. Mientras tanto, intentarán convencer, con números, a los funcionarios de realizar cambios a la lista y pulir las inconsistencias. De hecho, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comenzó a recibir a las compañías de forma individual y lo seguirá haciendo en los próximos días.

Mientras los supermercados avanzan con la implementación de la norma, que llevará algunos días y que no podrá realizarse de forma completa -no todas las cadenas comercializan todos los productos y, además, muchos artículos del listado están discontinuados-, las empresas le remarcarán al Gobierno que los precios fijados son previos a los que regían el 1° de octubre y que en muchos casos no hacer cambios implicaría vender a pérdida.

Así lo plantearon los directivos de las firmas que fueron ayer a Comercio y que pidieron mantenerse en reserva. “Están queriendo demostrar que las reuniones que no pudieron hacer antes de la norma las hacen ahora, y si hay alguna inconsistencia o cambio que hacer, poder revisarlo”, dijeron en una de las compañías, al tiempo que agregaron que se les pidió desde el Gobierno apoyo para cumplir con la norma y abastecer. Con respecto a los precios, desde las empresas se resistirán a vender a valores por debajo de los que tenían a comienzos de mes, pero la pregunta que se hacen entre los proveedores es qué harán los supermercados con muchos precios del listado que son inferiores a esa fecha.

Ningún directivo del ámbito del consumo masivo cree que el Gobierno vaya a modificar la lista de precios; mucho menos después de las duras advertencias de Feletti y en plena campaña electoral. Lo que comenzará a suceder a partir de ahora es una dura batalla campal entre los proveedores y los supermercados por ver cómo se reparten los costos. De hecho, los equipos de ventas de las compañías comenzaron ayer a trabajar intensamente con la estrategia comercial que encararán a partir de ahora. ¿Volverán a quitarles bonificaciones? ¿Entregarán menos producto y derivarán más volúmenes a los canales menos controlados? Una historia que se repite y que sucedió incluso el año pasado con los Precios Máximos.

No bien salió publicada la resolución, algunos empresarios comenzaron a advertir sobre el posible desabastecimiento. En este caso, lo hizo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien afirmó que nadie venderá por debajo de su costo: “Cuando a un productor se le termine el producto que ya tiene fabricado, si eso le provoca pérdida, no lo va a volver a fabricar, no hay manera”, sostuvo el empresario, al tiempo que agregó que este tipo de medidas “nunca funcionó”.

¿Y la estrategia legal?

Al mismo tiempo que buscan gestionar algunos cambios con el Gobierno y definen su estrategia comercial, los equipos legales de las empresas también están definiendo qué camino seguir. “¿Por qué me congelan a mí y a otras 12 firmas de la industria, cuando hay 200 que le venden a los supermercados?”, se preguntaba el directivo de una empresa, al tiempo que remarcaba que “eso no es legal”.

Por lo tanto, en función de lo que suceda en las reuniones individuales con el Gobierno, cada compañía definirá si decide presentarse o no a la Justicia, o busca otras estrategias. A su vez, las áreas legales de las cámaras, entre ellas la Copal, harán lo propio y analizarán, eventualmente, la posibilidad de cuestionar la resolución mediante la presentación de un recurso administrativo, como lo hicieron el año pasado con los sistemas SIPRE y SIFIRE, implementados por la gestión de Paula Español.