Con el paquete impositivo, el Gobierno busca cambiar el andamiaje de la gestión anterior, incentivar la producción y atender a los sectores sociales más castigados.

A través de la presentación del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y otras medidas que corren en paralelo, el Gobierno está planteando en los hechos una reforma tributaria con la cual quiere encarar su gestión y plantarse frente a los acreedores externos y al FMI. Las principales nuevas fuentes de financiamiento son los derechos de exportación y el impuesto a la compra de dólares para atesoramiento, gastos en el exterior y pasajes. También se espera una marcha atrás con la reducción a cero de la alícuota del IVA para alimentos y el reemplazo por una devolución más acotada a través de la tarjeta de débito. Hay aumento de las alícuotas de Bienes Personales, tasa de estadística sobre las importaciones e impuestos internos a los autos. Queda en ciernes la situación de la movilidad jubilatoria, que podría reducir las erogaciones vía un achatamiento de la pirámide. Hay además cambios en el sistema de contribuciones a la seguridad social que podrían complicar a las pymes si no se plantea alguna movilidad de las escalas y del mínimo no imponible. En cuanto a otros recursos, hay una amplia moratoria para pymes, se deroga el impuesto sobre la renta financiera y plazos fijos en moneda nacional y se espera un aumento de los subsidios para contener tarifas. Una bala de plata es el espacio fiscal que podría abrir la renegociación de los vencimientos de la deuda externa.

Con el paquete tributario y otras medidas vinculadas, el Gobierno busca remover parte del andamiaje de la gestión anterior, encauzar los incentivos para impulsar la producción, sostener la situación de la franja más pobre de la sociedad y tener un plan fiscal que dé consistencia a la negociación de la deuda. El resultado global de las medidas de expansión y contracción fiscal no está claro, primero porque hay medidas todavía no definidas y en otras falta el debate y la aprobación del Congreso, pero además, el impacto en la recaudación y el gasto depende de cómo reaccione la economía en general y el consumo de determinados bienes y servicios. Sin embargo, hay estimaciones de un impacto positivo que van del 1 hasta el 2,2 por ciento del PIB.