La justicia ordenó la detención de nueve personas, entre ellas un policía de la Ciudad, por vender cigarrillos electronicos a través de diferentes sitios de internet. El fallo firmado por el juez federal Sebastián Casanello reconoce la prohibición de fabricación, venta o distribución de estos dispositivos en el país.

La investigación surgió a partir de una presentación anónima mediante la cual se descubrió que un efectivo de la fuerza porteña estaría involucrado en la venta de los cigarrillos electrónicos que se consiguen en varias páginas web.

Casanello pudo identificar la estructura de la organización a partir de los contactos del policía denunciado y de diferentes allanamientos realizados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

La acusación, según el llamado a indagatoria, es por infringir el artículo 201 del Código Penal que prevé la venta, distribución y almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

Frente a esto los denunciados alegaron una supuesta contradicción entre la prohibición que pesa sobre los dispositivos electrónicos y no sobre los convencionales. Para Casanello el argumento no tiene sustento ya que el Estado tiene la potestad para hacerlo.

“En lo que respecta a la venta de cigarrillos convencionales, lo cierto es que las diversas reglamentaciones relacionadas al tabaco y las empresas dedicadas a ello, advierten cada vez con mayor énfasis la afectación a la salud y potencial peligro de muerte que pueda ocasionar el consumo de tales productos”, determinó Casanello al comparar la prohibición que rige sobre los “vapeadores” en relación con el cigarrillo convencional.

El juez remarcó que si bien el Estado no prohíbe la comercialización ni el consumo de cigarrillos convencionales, lo desalienta “mediante la prohibición de fumar en distintos lugares públicos o espacios cerrados, de publicitar en medios masivos” y a través de la aplicación de mayores impuestos.

“La contradicción alegada por los denunciantes entre la prohibición de fabricación, venta y/o distribución de cigarrillos electrónicos con la venta autorizada de cigarrillos comunes no encuentra sustento alguno toda vez que la administración estatal es quien tiene la potestad de prohibir determinados productos y autorizar otros”, concluyó.