Un sistema integrado para la atención y seguimiento de casos, acciones territoriales, construcción de centros de atención integral, formación y acompañamiento a nivel económico, judicial y social para las personas en situación de violencia, son algunas de las iniciativas que lleva adelante el Gobierno provincial para prevenir las violencias y promover una sociedad más igualitaria.

La Vicegobernación y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco llevan adelante una serie de políticas públicas con el objetivo de reducir los índices de violencia por razones de géneros en todo el territorio provincial y promover la igualdad y el acceso equitativo a derechos para mujeres, identidades feminizadas y personas de las comunidades LGBTIQ+. Desde el inicio de la gestión, se trabaja en un abordaje de la problemática en el que se promueve un cambio del sistema estatal de protección para pasar a un abordaje integral con las nuevas generaciones desde donde se focaliza en las desigualdades estructurales.

En cuanto a su definición, la violencia por motivos de géneros constituye una forma de violencia por discriminación. Es un fenómeno estructural, por lo que no constituye una conducta patológica de carácter individual. Se trata de una problemática histórica de raigambre cultural, se transmite en vínculos y modos de relación y se profundiza en sociedades con factores de exclusión y violencias.

Según el artículo 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, se entiende por violencia contra las mujeres a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Para garantizar la atención se creó el sistema integral de protección, que cuenta con la plataforma víctimo-asistencial y sistema unificado de carga que permite ordenar las intervenciones, generando una base de datos y definiendo distintos niveles de riesgo y alertas. A partir de este sistema, se realiza la atención de urgencias que llegan desde la Línea 137 y la guardia de géneros, y luego se avanza en el seguimiento de casos incluyendo una evaluación de riesgo para el posterior tratamiento terapéutico de las personas que lo requieran a través del Centro de atención de víctimas de violencia.

Actualmente, se encuentran registrados más de 5.583 casos, en los cuales se trabaja para evitar las violencias graves y femicidios, discriminados por niveles de riesgo. Puntualmente, se registraron 4.607 casos de violencia psicológica, 3.578 casos de violencia física, 1.045 casos de violencia económica y 806 de violencia sexual. De ese total de casos, el 40% corresponde a un nivel alto de riesgo, el 44,5% a un nivel moderado, y el 11,5% a un nivel bajo de riesgo. El sistema cuenta con 60 profesionales cumpliendo funciones en los tres niveles de atención.