Tras la suspensión de los aumentos de las cuotas, las principales empresas del sector aseguran que no podrán garantizar la prestación a sus afiliados. Creen que el Instituto Patria promueve un proyecto al que comparan con la estatización de las AFJP. En medio de la crisis, un funcionario terminó internado

Ginés Mario González García ya había dado por terminado el año. Creía que la firma de la resolución 2987 del Ministerio de Salud que autorizaba a las prepagas a aumentar un 7% las tarifas a partir de febrero y había sido publicada en el Boletín Oficial del 31 de diciembre sería su último acto de Gobierno del 2020. Pero el jueves al mediodía, cuando se aprestaba a preparar los festejos de Año Nuevo junto a su familia, recibió un llamado telefónico que alteró sus planes.

Resignado, el funcionario activó a su equipo y en tiempo récord firmó otra resolución -2988- para dejar sin efecto lo que había dispuesto hacía pocas horas. El argumento para explicar la marcha atrás fue oficializado en un suplemento especial del Boletín Oficial publicado el 31 de diciembre por la tarde e indicaba: “Por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud”. Pero como suele suceder con la mayoría de los actos de gobierno, el fundamento expresado en la norma poco tiene que ver con lo que realmente sucedió.

Luego de esas discusiones acaloradas, los referentes de las principales compañías tenían una promesa que no los convencía, pero que creían que se cumpliría de acuerdo a lo que les habían adelantado los funcionarios del área: que a partir de febrero podrían aumentar sus cuotas un 7% y luego seguirían negociando para encontrar un punto de entendimiento. El propio presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaban al tanto de lo que sucedería y habían habilitado la suba. Sin embargo, luego de que se publicara la primera última resolución del año del Ministerio de Salud, algo se quebró en la cúpula del poder político que impulsó al jefe de Estado a suspender sus efectos.

A partir de las últimas novedades, se intensificaron las reuniones de las cámaras de la salud privada, integradas a la Unión Argentina de Salud (UAS). En el último encuentro, uno de los directivos se quejó por la falta de un interlocutor válido en el Gobierno e ironizó: “Quizás a partir de ahora tengamos que dejar de ir a Casa de Gobierno y dirigirnos directamente al Instituto Patria”.

Los ejecutivos se apoyan en presunciones: “El 30 de diciembre nos otorgaron un aumento absolutamente insuficiente del 7% con una inflación cercana al 45 por ciento. Horas después, a través de otra resolución y por ‘expresa instrucción del Presidente Alberto Fernández’ se ordenó la suspensión del aumento. Cuando es necesario aclarar que fue por orden del Presidente, uno empieza a dudar quién es el Presidente”, dicen enojados.

Lo concreto es que están convencidos de que será muy difícil enfrentar un rebrote de coronavirus en la Argentina bajo estas circunstancias. Dicen que se encuentran bajo un ahogo financiero y que los rumores de una posible reforma generan mayor incertidumbre. “No todas somos grandes empresas. Primero caeremos los más chicos, después los medianos y, finalmente, también caerán las grandes”, analizan por lo bajo. Los voceros habituales de la Unión Argentina de Salud por ahora evitaron hacer declaraciones públicas a la espera de las reuniones que tienen agendadas para esta semana.