Un colectivo de organizaciones sociales acusa a la presidenta de facto Jeanine Añez y a sus ministros de la planificación y ejecución del golpe contra Evo Morales.

Avanza la primera denuncia presentada en tribunales federales de Argentina por delitos de lesa humanidad en Bolivia. El Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos presentó el viernes 29 de noviembre en la ciudad de Córdoba una querella contra el actual gobierno de facto. Denuncia un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país del altiplano, y exige condenas por los delitos cometidos bajo el amparo del Estado. Aunque aún no hay respuestas formales desde la justicia, el Comité (compuesto por diversas organizaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos) mantiene activa la causa incorporando pruebas tales como la denuncia de la Asamblea Legislativa de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el colectivo convoca a un “firmazo solidario” este jueves a partir de las 10 de la mañana, en la sede cordobesa de Tribunales para sumar organizaciones sociales a la querella.

En la denuncia, el Comité no duda en ponerle nombre y apellido a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en Bolivia a partir del 20 de octubre, día de las elecciones : la lista incluye a “la actual Presidente Autoproclamada senadora por la oposición Jeanine Añez, sus ministros de la Presidencia Jerjes Justiniano, de Gobierno Arturo Murillo, de Comunicación Roxana Lizárraga, de Defensa Fernando López, de Justicia Alvaro Coimbra, los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, junto con los responsables de las FFAA Comandante Carlos Orellana Centellas y su antecesor Williams Kaliman, y de la Policía Nacional Boliviana, Vladimir Calderón y su sucesor”.

Todos ellos participaron en la planificación y ejecución del golpe de Estado, según la denuncia presentada por el abogado Rafael Ortiz en representación del Comité. Mediante ese plan organizado para derrocar al presidente y vicepresidente electos hasta el 22 de enero de 2020, Evo Morales y Alvaro García Linera, se practicaron “diversos actos de terror generalizado y sistemático” contra las autoridades legítimamente electas y en ejercicio.

Entre esos actos, mencionan la persecución a los partidarios del MAS para eliminar su participación política e institucional mediante “torturas, vejaciones públicas, incendio (como la sede de las Seis Federaciones Cocacoleras del Trópico del Chapare y del MAS), saqueos de viviendas (como la del propio presidente  en ejercicio de la ciudad de Cochabamba) y lugares públicos (quema de centros electorales), secuestro de familiares y coacción afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios (como de la hermana del Presidente en ejercicio, Esther Morales Ayma ), la vejación pública de la alcaldesa de la ciudad de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce  el 7 de noviembre, así como la quema y pisoteo de símbolos indígenas como la wiphala ”.

Fue el propio ministro del gobierno autoproclamado, Arturo Murillo, quien legitimó ese accionar declarando que empezaba la cacería  de los representantes del MAS y que los mismos ya podían empezar a “correr”. Murillo abrió la puerta peligrosamente al “uso indiscriminado e ilegal de armas de guerra por parte de los grupos paramilitares y las fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía”, denuncia el Comité.

El plan diseñado para la toma ilegal del poder incluyó “la impunidad para las fuerzas de seguridad responsables de las matanzas de decenas de civiles y heridas a centenares de ellos, a través del Decreto 4078 ” que impide declarar responsables de esos ilícitos de lesa humanidad a las fuerzas militares. La querella menciona en la misma línea el decreto que otorga la suma de cinco millones de dólares para equipamiento y armas a las fuerzas de seguridad.