La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) retiró del mercado las pizzas elaboradas por la pareja argentina que fue detenida a principio de esta semana. Este organismo dependiente del Ministerio de Sanidad considera que los productos elaborados por Pizzaragon “no garantizaban la seguridad alimentaria”.

Sus productos llegaron a estar presentes en más de 50 establecimientos comerciales y de hostelería de 22 provincias españolas. En concreto, fueron vendidas a bares, restaurantes, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, empresas de organización de eventos y hasta a particulares. Entre las provincias afectadas está Huesca, Alicante, Cádiz, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.

La pareja argentina fue imputada por un delito contra la salud pública y otro contra la hacienda pública y la seguridad social y ya se encuentran en libertad provisional, tras ser puestos a disposición judicial.

Los agentes comprobaron que no disponían de documentación que acreditase el origen autorizado del producto, así como las condiciones higiénicas en las que se elaboraban estos alimentos, pudiendo suponer un riesgo para la salud pública. Para la distribución de algunos envíos empleaban a una empresa de transporte de paquetería, no reuniendo las condiciones de frío necesario.