San Luis adhirió a la Ley Nacional de cannabis medicinal

Con 31 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó este jueves la adhesión a la Ley Nacional de uso de cannabis medicinal que permitirá a los ciudadanos comprar aceite de cannabis para tratar epilepsia refractaria. Asimismo, permitirá a las instituciones como el INTA, Conicet y laboratorios públicos adquirirlo para la investigación y desarrollo de derivados del cannabis con el objetivo de tratar otras enfermedades. “Desde la Cámara ya se venía trabajando por una legislación provincial antes de existir la nacional, pero decidimos adherirnos a la normativa nacional para quedarnos con una ley posible”, expresó a Télam el diputado del bloque Unidad Justicialista, Luis Martínez.

Asimismo, se mostró esperanzado en que se reglamente a la brevedad: “Confiamos que el Ejecutivo va a saber qué hacer con ella para darle un marco de normalidad, aprovechando que la sociedad ya ha superado muchos de los prejuicios, como el que yo tuve hace muchos años atrás cuando un diputado de esta Cámara presentó el proyecto”, declaró Martínez. En tanto, Gustavo Coria, perteneciente a la Asociación Cannábica Esperanza de Vida (ACEV), se mostró conforme por la aprobación y remarcó la necesidad de reglamentar la ley dado que son múltiples las enfermedades en las que la gente ya usa cannabis para tratamiento. El proyecto había sido aprobado por unanimidad la semana pasada en el Senado provincial. En la Cámara baja solo la diputada Lucrecia Santos, del bloque Juntos por la Gente, y quien preside la Comisión de Salud, se negó a la adhesión, segpun reconstruyó el portal puntano El Diario.

La ley fue reglamentada en septiembre de 2017 por el Ejecutivo nacional y busca garantizar el acceso del aceite de cannabis para pacientes que padezcan determinadas enfermedades, previa determinación médica. Además, dispone “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta del cannabis y de sus derivados” y crea un programa nacional para estudio e investigación de ese recurso y sus productos derivados. En ese sentido, autoriza la importación del “aceite de cáñamo” y de otros derivados de la planta de cannabis hasta que el Estado pueda producirlo y el acceso gratuito para los pacientes que puedan necesitarlo según prescripción médica. La ley otorga prioridad para la producción a los laboratorios públicos nucleados en la ANLAP y autoriza el cultivo de cannabis al Conicet y el INTA con fines de investigación.