El discurso anual del mandatario peruano, el 28 de julio, sólo agudizó más las tensiones, según los analistas, en medio del elevado rechazo popular al Ejecutivo y al Legislativo, del crecimiento de sectores que exigen elecciones generales anticipadas y del clamor para que se atiendan los problemas del país.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, comenzó esta semana su segundo año de gobierno cercado por la oposición en el Congreso y por investigaciones de la Fiscalía, lo que genera un escenario que, una vez más, hace que muchos duden de que pueda terminar su mandato en 2026.

El discurso anual de Castillo, el 28 de julio, sólo agudizó más las tensiones, según los analistas, en medio del elevado rechazo popular al Ejecutivo y al Legislativo, del crecimiento de sectores que exigen elecciones generales anticipadas y del clamor para que se atiendan los problemas del país.

“No avizoro que en este año legislativo las fuerzas políticas declinen en sus intentos golpistas”, anticipó la parlamentaria Betsy Chávez, quien, como buena parte del oficialismo, cree que lo que está en marcha es un golpe de Estado contra Castillo encubierto en un proceso de vacancia (destitución).

Por lo pronto, el congresista Edward Málaga confirmó que se trabaja en la destitución: “Hay una moción que llamamos ´vacancia 3.0´, trabajada por diferentes bancadas. Cuando esté consolidado el documento será sometido a evaluación, para presentarlo como un esfuerzo multipartidario”.

Según Málaga, legislador de centro que se sumó a las ideas de vacancia hasta ahora manejadas por la derecha más dura, el proyecto “3.0” se diferencia de los dos intentos fracasados de sacar a Castillo en que todo estará muy bien estudiado y no se caerá en apresuramientos.

La oposición, que no logró los votos necesarios (87 entre 130 congresistas) en los dos intentos de destitución presidencial, acusa al jefe de Estado de “incapacidad moral permanente” derivada de supuestos hechos de corrupción que lo rodean.

Los argumentos que apuntaban al “comunismo” de Castillo han sido reemplazados en el discurso opositor por los actos que, en un hecho inédito para un presidente en ejercicio, se han convertido en investigaciones formales de la Fiscalía, que lo citó a declarar para el 4 y el 9 de agosto. El mandatario asistirá en ambas fechas, confirmó el sábado a la prensa su abogado defensor, Benji Espinoza.

Los supuestos hechos se refieren a sobornos para Castillo a cambio de darle a una empresa la construcción de un puente y comprarle biodiesel a otra, a obstrucción a la justicia por ocultamiento de testigos, a intervenciones ilegales en ascensos en el Ejército y la Policía y a un plagio en la tesis universitaria del ahora presidente.

El exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco -que se entregó a la Fiscalía tras casi 100 días de clandestinidad- y dos lobistas han ofrecido testificar contra Castillo. A ellos se podría unir el prófugo exministro de Transporte Juan Silva, supuesta piedra angular del esquema y de quien hay rumores de que negocia su entrega.

Para algunos congresistas y juristas, los avances de la Fiscalía podrían generar que el Parlamento suspenda a Castillo por un lapso mientras se desarrollan las pesquisas, lo que en la práctica sería un plan B, sin mayoría calificada, como alternativa frente a la vacancia.