Ya son 300 los presos que están dentro del grupo de riesgo de contraer Covid-19 que estaban alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires fueron excarcelados bajo distintos mecanismos de morigeración que rige desde que el Gobierno implentó el aislamiento obligatorio.

Según las fuentes consultadas por Télam, hay alrededor de 800 casos de presos que se encuentran dentro de la población de riesgo que ya tienen un fallo judicial favorable para continuar su detención en sus domicilios, pero solo 300 de ellos ya fueron externados y el resto aguardan que se resuelvan distintas apelaciones.

El 16 de marzo pasado, el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, había instruido mediante una resolución a los defensores públicos de toda la provincia a que evalúen la posibilidad de requerir medidas de prisión domiciliaria o morigeración de la prisión preventiva respecto a privados de la libertad que “por razones de salud pública requieran una protección por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19”.

Ante esta situación, los defensores públicos presentaron un hábeas corpus colectivo para 2.600 presos de cárceles bonaerenses mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o que padecen alguna insuficiencia renal, respiratoria, cardíaca, o con diabetes, o con patologías oncológicas, entre otras.

El 8 de abril último, el Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar al hábeas corpus colectivo y ordenó que sean los juzgados o tribunales que intervienen en cada caso en particular quienes otorguen o no las prisiones domiciliarias.

Según las fuentes judiciales, desde que se decretó el aislamiento fueron excarcelados cerca de 1.500 presos de cárceles de la provincia, pero la amplia mayoría pertenece a causas que nada tienen que ver con el coronavirus.

Se trata de expedientes que siguieron el trámite habitual y son presos que accedieron a libertad condicional, o a la morigeración de la pena con tobillera electrónica, libertad vigilada, asistida o agotamiento de pena, entre otros, dijeron las fuentes consultadas.

Solo casi 300 de esos 1.500 casos son los presos que están dentro de la población de riesgo y que recibieron las prisiones domiciliarias que fueron solicitadas por los defensores públicos.

Los voceros consultados aclararon a Télam que las prisiones domiciliarias que se otorgan a los presos que están dentro de la población de riesgo de contagio de coronavirus tienen vigencia únicamente en el lapso de tiempo que dure el aislamiento.

Además, explicaron que en su mayoría son casos de presos que están involucrados en causas de delitos leves y que tienen un cumplimiento avanzado de la condena.

De hecho, en la última semana, al menos siete presos en causas resonantes recibieron fallos que rechazaron sus pedidos de prisión domiciliaria.

Se trata de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a prisión perpetua por el denominado triple crimen de General Rodríguez, el ex empresario Horacio Conzi, condenado por haber asesinado en 2003 al joven Marcos Schenone en Béccar, y el ex juez platense César Melazo, investigado como sospechoso de liderar una asociación ilícita.

También al femicida Fernando Farré, quien degolló y apuñaló 66 veces a su esposa en un country de Pilar en 2015, y a una de las secuestradoras de Matías Berardi, asesinado durante su cautiverio en 2010 en Benavidez, luego de que ambos pidieran salir de prisión ante el riesgo de contraer coronavirus.

En todos los casos, sus defensas explicaron que cada uno de ellos se hallaba dentro de la población de riesgo, con enfermedades que los incluye como posibles casos de contagio, pero los jueces rechazaron de todas maneras sus planteos.