La Comunidad Territorios Originarios Wichi recurrió a la Justicia de Tartagal. Pide que se respete la posesión de sus tierras, que cesen la tala y el tendido de alambrados.

La tala indiscriminada puede implicar un desmonte. El alambrado imposibilita circular por el territorio de uso ancestral. Y el ingreso de ganado vacuno impide la continuidad de los efectos de la reforestación.

Estos son los tres pilares sobre los que se erige la demanda judicial de la Comunidad Territorios Originarios Wichi, representados legalmente por la abogada María Cecilia Jezieniecki. Por la zona en que está la Comunidad, la acción judicial fue presentada este miércoles en la Justicia Civil provincial de Tartagal, en el norte de Salta, a través de un “interdicto de retener la posesión”.

La demanda, que tiene como titular querellante al cacique Juan de Dios López, tiene  acusados identificaos. Nene Jaime, vecino del territorio comunitario, por el ingreso del ganado a la Comunidad. Eduardo Rivero, de la Comunidad Indígena Wichi, ubicada en Misión Kilómetro 12, como uno de los responsables de la tala de árboles; una familia de apellido Ángel, a la que señalan como responsables del tendido de alambres en territorio de la Comunidad. La presentación indica que serían los titulares registrales de las tierras en disputa.

Pese a ello, la Comunidad sostuvo que más personas ingresan al territorio a extraer sus bienes naturales.

La madera se tala por la noche. Los contratistas, no identificados, pagan a los hacheros que hacen su trabajo hasta antes del amanecer, y se llevan la madera en tractores o camiones.

La denuncia llegó a la Secretaría de Ambiente de Salta, que hizo dos inspecciones en septiembre de 2018 y octubre de 2019 sin que las actuaciones hayan tenido resultados o medidas que eviten esta extracción.

Quienes extraen la madera se sirven de guías que pertenecen a otros sectores aledaños a la Comunidad y son las que se presentan ante la Policía Rural para sacar la madera en camiones.

Como ejemplo, en la demanda se indica que el domingo y lunes 15 y 16 de septiembre pasado, se generó una fuerte extracción de madera que fue advertida por la Policía Rural. Pero “dicha fuerza no pudo evitar la salida de los camiones con madera, lo que hace imperioso la intervención del Poder Judicial en defensa de la propiedad comunitaria de mi Comunidad”.

Jezieniecki indicó que es entendible que no haya suficientes recursos para controlar tan extenso territorio, pero dijo que, precisamente, ante ello se apela a la Justicia para que tome las medidas que correspondan y ponga fin a esta situación.

La abogada analizó que la conflictividad surge de imponer “un modelo de desarrollo, sea la extracción de madera, litio, o soja, sobre la forma de vida tradicional de las comunidades”.